El domingo 21 de junio los colombianos definirán en las urnas el rumbo económico del país para el período 2026-2030. La elección llega con un dato que ninguna de las dos campañas ha querido colocar en el centro del debate: según reportó Portafolio citando a la CEPAL, el gobierno de Gustavo Petro entrega un déficit fiscal cercano al 7% del PIB, el peor de Latinoamérica después de Brasil.
El senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, propone profundizar la inversión social y la transición energética, ejes del gobierno saliente. El abogado Abelardo de la Espriella, respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump y autodefinido como admirador del argentino Javier Milei, plantea —según el mismo artículo de Portafolio— reducir el Estado en un 40%, bajar impuestos y reactivar el fracking para cerrar el hueco fiscal.
La distancia entre ambos programas es amplia, pero el punto de partida es el mismo. Ana Fernanda Maiguashica, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, advirtió a Portafolio que la población “va a sentir el deterioro” fiscal en los próximos meses. La advertencia coincide con la caída de los ingresos petroleros, fuente tradicional del fisco y en declive desde que el gobierno apostó por el abandono de los combustibles fósiles, como señala el reportaje.
Dos preguntas quedan sin respuesta satisfactoria en la campaña.
Primera: cómo se financia el gasto social sin ingresos hidrocarburíferos. Cepeda hereda el modelo Petro, que según el economista Jorge Restrepo, de la Universidad Javeriana, logró “casi la eliminación de la pobreza extrema”. Pero la sostenibilidad de esos programas depende de una reforma tributaria que la campaña del Pacto Histórico no ha detallado con cifras.
Segunda: cómo se cierra el déficit por la vía del ajuste. De la Espriella habla de motosierra, pero no tiene mayoría en el Congreso. El propio Restrepo lo sintetizó en Portafolio: “es como un Milei sin motosierra”. A esto se suma una propuesta que merece escrutinio particular: según Portafolio, el candidato plantea que los grupos narco entreguen el 90% de sus fondos al Estado a cambio de beneficios judiciales y no extradición, conservando ellos el 10% restante. La propuesta choca con compromisos internacionales de Colombia en materia de lavado de activos y cooperación judicial con Estados Unidos, un punto que merece debate público y no declaraciones de tarima.
El contexto internacional tampoco juega a favor de la estabilidad. La victoria por estrecho margen de De la Espriella en la primera vuelta del 31 de mayo provocó una respuesta inicial de los mercados que luego se revirtió: la moneda local se apreció y los bonos soberanos subieron, según el reporte de Portafolio. Los mercados parecen estar leyendo el balotaje como un evento binario con riesgos opuestos pero simétricos, no como una transición ordenada.
Mientras tanto, el bolsillo del votante medio sigue siendo el campo de batalla real. Laura Valverde, contable bogotana de 34 años, dijo a la AFP —reproducida por Portafolio— que saldría a protestar si se recortan los programas sociales que hoy benefician a su hijo con discapacidad. Diego Soler, empresario textil, sostuvo a la AFP que su empresa sobrevivió al aumento del 23% del salario mínimo de 2025, pero no logró crecer. Dos testimonios que ilustran la tensión entre protección social y competitividad que ninguna de las dos campañas ha resuelto con cifras.
Colombia llega al 21 de junio con más de 23 millones de habilitados para votar —cifra que también consigna Portafolio—, una violencia en aumento y un déficit que condicionará al ganador desde el día uno. La elección definirá un rumbo. La herencia fiscal, en cualquier caso, será la misma para quien se siente en la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto.