A trece días de la segunda vuelta presidencial, el país presenció un episodio que no admite ambigüedades en su lectura institucional, aunque sí la exige en su valoración pública. El domingo 8 de junio, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, publicó en sus redes sociales un comunicado en el que afirma haber recibido, por distintas vías, información que lo llevó a anunciar que trasladará el caso a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Nacional de Protección (UNP). Minutos después, el candidato de Defensores por la Patria, Abelardo De La Espriella, respondió con un mensaje de tono distinto, en el que —según reportó Portafolio— aseguró que a nuestra campaña ha llegado la misma información y que, por responsabilidad, decidió no especular.
Lo que la ciudadanía observó, en síntesis, fue un cruce de señalamientos mutuamente referidos, divulgados por la misma vía —Twitter— y en un margen de minutos. Cualquier columnista que opine sobre esto debe empezar por una precisión elemental: lo que está sobre la mesa no son hechos verificados, sino afirmaciones de parte. Tratarlas como verdades o como falsedades comprobadas sería, en ambos casos, un error periodístico.
Dicho esto, hay tres planos que conviene separar.
Primero, el plano procesal. Cuando un candidato presidencial afirma haber recibido información sobre un hecho potencialmente delictivo, la conducta esperada no es el debate en redes: es la denuncia formal ante las autoridades competentes. Cepeda anunció que lo hará. Esa vía es la correcta y debe agotarse con seriedad. La Fiscalía debe informar si abrió noticia criminal y, en caso afirmativo, qué elementos materiales de prueba ha recaudado en las primeras 72 horas. La UNP, por su parte, debe evaluar de oficio si los esquemas de protección de ambos candidatos y de sus fórmulas vicepresidenciales requieren ajustes, sin necesidad de esperar a que la denuncia se formalice. Cualquier demora institucional se prestará a lecturas políticas.
Segundo, el plano del precedente. Colombia ha pagado un precio demasiado alto por la violencia política, como recordó el propio De La Espriella en su mensaje, frase textual que el medio citado reproduce. La historia reciente —los esquemas de protección reforzados tras los atentados de 2018 y 2022, los protocolos de garantías electorales suscritos por el Ministerio del Interior en jornadas anteriores— ofrece un manual de ruta. La pregunta que este columnista formula es si las autoridades electorales aplicarán ese manual con la misma diligencia cuando las denuncias provienen de los propios contendientes y no de un tercero. La respuesta a esa pregunta se medirá en horas, no en semanas.
Tercero, el plano de la opinión pública. El intercambio dejó instalada, en la ciudadanía, la idea de que algo grave podría estar en curso. Esa percepción, sea o no fundada, tiene efectos electorales. Cuando dos candidatos se refieren mutuamente a la posibilidad de un autoatentado, la confianza del electorado en el proceso se deteriora, y con ella la legitimidad del resultado del 21 de junio. Esa erosión no la paga quien quede en la Casa de Nariño: la paga la institucionalidad y los 39 millones de colombianos habilitados para votar.
Lo que no resulta admisible —y aquí la columna toma distancia editorial— es que el debate público quede reducido a la lectura de trinos. Las campañas tienen derecho a defenderse, y la prensa a documentar lo ocurrido. Pero la verificación de los hechos corresponde a las autoridades, y a ellas hay que exigirles resultados verificables. Si las denuncias tienen sustento, que se traduzcan en decisiones técnicas y, si corresponde, en imputaciones formales. Si son infundadas, que las partes lo reconozcan y se limite el debate al contraste de propuestas.
Hay, además, una responsabilidad específica del Ministerio del Interior y de la Registraduría Nacional del Estado Civil. El primero debería convocar, como ha hecho en jornadas anteriores, una mesa técnica de garantías electorales con ambos equipos. La segunda debe pronunciarse sobre los protocolos de transparencia del preconteo y del conteo, así como sobre el manejo de cadenas de custodia del material electoral, para que ninguna de las dos campañas pueda alegar, a posteriori, opacidad en el procedimiento.
La segunda vuelta del 21 de junio no admite más ruido, pero sobre todo no admite que el ruido sustituya a las instituciones. Si lo que se busca es instalar un manto de sospecha sobre el adversario, la respuesta institucional debe ser tan firme como la que se aplicaría a cualquier intento real de fraude. Y si lo que se busca es esclarecer los hechos, que la Fiscalía hable pronto, con証拠 y sin cálculos políticos.
Por ahora, lo único cierto es lo que está escrito: dos candidatos se hicieron acusaciones mutuas por la misma vía, a la misma hora, ante el mismo país. Todo lo demás está en manos de quienes tienen la competencia para investigarlo. Y en ese punto, la columna solo puede pedir una cosa: que actúen.