A menos de tres semanas de su posesión, el presidente Abelardo De la Espriella habría modificado una de sus primeras decisiones de gobierno. La Casa de Nariño volverá a ser sede principal del Ejecutivo, según reportaron funcionarios del Gobierno nacional a la revista Semana y replicó El Heraldo.
El giro importa porque no es menor. En su momento, el ahora jefe de Estado había anunciado una decisión de alto contenido simbólico: el Palacio de Nariño se convertiría en museo y, mientras estuviera en Bogotá, gobernaría desde el Palacio de San Carlos, antigua sede de la Cancillería. La medida se ofreció como ruptura con el centralismo bogotano y como declaración de principios sobre el uso del patrimonio público.
Ahora, la justificación oficial es un asunto de seguridad, según las fuentes citadas por Semana. La Casa de Nariño volvería a ser sede principal, aunque el despacho presidencial se mantendría también desde las sedes alternas en Barranquilla —en el Batallón Paraíso, dentro de la Segunda Brigada del Ejército—, Medellín y Cali.
Conviene detenerse en lo que esto significa. Un gobierno que llegó al poder con un discurso de cercanía territorial y de apertura de los símbolos del poder termina, en menos de un mes, replegándose sobre el edificio más cargado de simbolismo presidencial del país. ¿Es legítimo el argumento de seguridad? Sí, puede serlo. ¿Por qué entonces el procedimiento comunicativo resulta tan opaco? La decisión se conoció por filtraciones a un medio, sin un pronunciamiento directo del presidente que la sustente.
Hay un segundo punto que merece atención. De la Espriella anunció que impulsará un acto legislativo para que Barranquilla sea reconocida constitucionalmente como capital alterna. La iniciativa, según el propio mandatario, no busca trasladar la capital sino “acercar el Gobierno a los ciudadanos”. Si la motivación declarada es la desconcentración, ¿por qué se necesita, en paralelo, mantener la sede principal en Nariño y, además, despachar desde un batallón del Ejército en Barranquilla? La coherencia entre el discurso regional y la práctica del poder se vuelve difícil de sostener.
También pesa el calendario. El gobierno anterior —de Gustavo Petro— fue blanco de críticas, según recogieron distintos medios, por el uso intensivo de la Casa de Nariño como escenario político y por la concentración de funciones en el Palacio. De la Espriella, mientras fue candidato, hizo de la austeridad simbólica y del rechazo al centralismo bogotano una bandera. Volver a Nariño por seguridad, sin una explicación pública detallada del riesgo ni del plan de protección alternativo, deja la sensación de que el símbolo terminó pesando más que el principio.
No se trata de cuestionar las medidas de protección de cualquier presidente —son legítimas y, en muchos casos, indispensables—. Se trata de recordar que las decisiones de gobierno se comunican, se sustentan y se defienden ante la opinión. Un cambio de sede de esa magnitud, en el primer mes de mandato, exige una explicación presidencial, no una filtración.
Quedan, además, dos tareas pendientes para los colombianos que toman en serio el discurso del nuevo gobierno. La primera: conocer el texto del proyecto de acto legislativo sobre Barranquilla como capital alterna, su articulado y su trámite. La segunda: saber si la decisión sobre Nariño se formalizó mediante decreto o resolución, y si el Palacio de San Carlos conservará algún rol institucional. Sin esos papeles, el debate se queda en el terreno del simbolismo.
Por ahora, lo que queda es un hecho verificable: el museo prometido para Nariño se postergó, San Carlos quedó en suspenso, y la sede principal vuelve a ser la misma de siempre. La coherencia, esa virtud que el nuevo gobierno reclamaba como propia, se diluyó en menos de un mes. Falta que el propio presidente la reconstruya, con documentos y argumentos, ante el país.