¿Puede un Estado transformarse cambiando la dirección postal de su presidente? La pregunta, lejos de la ironía fácil, resume el dilema que Colombia vuelve a enfrentar con la decisión del presidente Abelardo De la Espriella de despachar desde Cauca y declarar a Barranquilla capital alterna de la República. El gesto tiene mérito político indudable: obliga al país a mirar hacia el Caribe, región que concentra cerca del 22 por ciento del potencial electoral y movilizó en 2024 el 87,1 por ciento de la carga portuaria nacional, según cifras recogidas por el análisis de Ángel Tuirán Sarmiento en La Silla Vacía. Pero la historia institucional de América Latina está llena de mudanzas presidenciales que terminaron siendo eso: mudanzas.
La Constitución de 1991 definió a Colombia como república unitaria con autonomía territorial, y sin embargo construyó una paradoja que tres décadas no han resuelto: descentralizamos la administración pero no el poder. Los municipios ejecutan políticas públicas, asumen la salud, la educación y el agua potable, mientras las decisiones de inversión, regulación y financiación siguen girando en la órbita de Bogotá. Es el viejo vicio del centralismo hispano que Tocqueville habría reconocido de inmediato: la administración se dispersa, la decisión se concentra. Mutatis mutandis, seguimos siendo el virreinato con mejor retórica.
La experiencia comparada, como bien señala Tuirán, invita a la prudencia. Los Países Bajos mantienen la capitalidad constitucional en Ámsterdam mientras el gobierno funciona en La Haya; Bolivia administra su doble centralidad entre Sucre y La Paz; Sudáfrica reparte funciones entre tres ciudades. Ninguno de estos modelos funciona por la geografía de los despachos sino por reglas estables de coordinación y distribución de competencias. La OCDE lo ha documentado con insistencia: la descentralización produce resultados cuando las autoridades territoriales disponen de competencias claras, autonomía financiera real y mecanismos efectivos de coordinación con el nivel nacional. La cercanía física del presidente puede mejorar la interlocución, pero no sustituye la arquitectura institucional.
Aquí conviene ser justos con el gobierno entrante sin abdicar de la exigencia. Reconocer al Caribe como eje del comercio exterior colombiano no es un capricho simbólico: es admitir una realidad económica que el centralismo bogotano ha administrado con parsimonia durante décadas. Las brechas en infraestructura, productividad y capacidades institucionales que documentan el DNP y el Índice Departamental de Competitividad no se explican por falta de relevancia sino por exceso de dependencia. Si la capital alterna sirve para visibilizar esa deuda, bienvenida sea. Pero el liberalismo clásico nos enseñó a desconfiar de los gestos que no se traducen en reglas.
El riesgo es conocido: consejos de ministros itinerantes, agenda presidencial descentralizada, fotografías con gobernadores y, al final, el mismo presupuesto decidido desde el mismo escritorio de siempre. Colombia ya ensayó variantes de ese teatro territorial sin alterar la estructura de fondo. La verdadera reforma exigiría redistribuir competencias fiscales, fortalecer las capacidades institucionales de departamentos y municipios, y consolidar mecanismos permanentes de coordinación entre niveles de gobierno. Nada de eso cabe en un decreto de capital alterna. Todo eso exige ley, presupuesto y, sobre todo, voluntad de soltar poder, que es lo que ningún gobierno central hace con entusiasmo.
Hay, además, una tentación que la oposición debe evitar: descalificar la iniciativa por su origen. Si De la Espriella logra que el debate sobre descentralización salga de los foros académicos y entre en la agenda legislativa, habrá hecho más por la reorganización territorial que varios gobiernos que la invocaron sin tocarla. La crítica seria no es al gesto sino a su posible vaciamiento. Y la exigencia seria no es que el presidente despache desde Barranquilla, sino que las decisiones que definen el desarrollo del país dejen de tomarse exclusivamente desde la lógica central.
La res publica no se muda en avión presidencial. Se construye con instituciones que distribuyen el poder de manera estable, previsible y verificable. Si dentro de cuatro años Barranquilla fue apenas una sede temporal con buena prensa, la historia registrará otro simbolismo sin consecuencias. Si, por el contrario, la capital alterna se convierte en el punto de partida de una redistribución real de competencias, Colombia habrá comenzado a resolver una deuda que arrastra desde antes de 1991. La pregunta sigue abierta, y conviene que así permanezca: no es dónde despacha el presidente, sino quién decide qué, con qué recursos y bajo qué reglas. Todo lo demás es decorado.