El presidente electo Abelardo De la Espriella anunció que no despachará desde la Casa de Nariño y que trasladará la sede operativa del Ejecutivo al Palacio de San Carlos, según reportó Vanguardia. La instrucción fue comunicada, de acuerdo con la publicación, a la ministra de Cultura designada, Paola Holguín. La residencia presidencial, en esa misma versión, se convertiría en un museo abierto al público.
La decisión tiene dos componentes que conviene separar. El primero es administrativo y no es inédito: como recordó el artículo, las dos edificaciones céntricas de Bogotá se han alternado como sede del Ejecutivo a lo largo de la historia republicana, y la Casa de Nariño recuperó esa función durante el gobierno de Julio César Turbay (1978-1982). Revertir esa tradición cabe en las atribuciones del presidente y no requiere reforma constitucional.
El segundo componente es más complejo. Según Vanguardia, De la Espriella impulsará un acto legislativo para que Barranquilla sea reconocida constitucionalmente como capital alterna de Colombia, con el argumento de “acercar el Gobierno a los ciudadanos”. La distinción es relevante: una capital alterna, en los términos que se han discutido en otras constituciones latinoamericanas, implica duplicar infraestructura, sedes diplomáticas, archivos y servicios. No es un cambio meramente simbólico.
A eso se suma la creación de una gerencia especial para Bogotá que, según el anuncio, coordinará temas de seguridad, transporte y movilidad con el Gobierno nacional. La figura no existe en la estructura actual del Distrito Capital y su creación demandará, como mínimo, un decreto con alcance organizativo o un proyecto de ley.
La pregunta que queda sobre la mesa es de costo. Convertir la Casa de Nariño en museo abierto al público exige un proyecto museográfico, personal, seguridad y mantenimiento. Mantener sedes funcionales simultáneas en Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali, como anunció el presidente electo, implica cuatro esquemas de funcionamiento en paralelo. El país no ha visto aún una estimación oficial de cuánto representará esta reorganización para el presupuesto nacional.
Hay también un ángulo institucional. Una reforma constitucional para reconocer a Barranquilla como capital alterna requiere ocho debates en el Congreso, cuatro en cada cámara, y el trámite toma, en el mejor de los casos, más de un año. El periodo legislativo que arranca el 7 de agosto coincide con el inicio del gobierno, por lo que la iniciativa deberá negociarse desde el día uno con bancadas que, hasta ahora, no han sido consultadas sobre el alcance de la propuesta.
La descentralización es un debate legítimo y necesario. Colombia arrastra desde 1991 una promesa constitucional de autonomía regional que nunca se completó del todo. Pero descentralizar no es sinónimo de multiplicar sedes. Es, ante todo, fortalecer la capacidad fiscal y administrativa de los territorios. ¿Una Presidencia itinerante cumple ese objetivo o simplemente lo esquiva con simbolismo?
Anunciar cuatro capitales operativas sin un cronograma de transición, sin cifras y sin consulta previa al Congreso es, por ahora, un gesto político más que una política de Estado. De la Espriella asume el 7 de agosto. Tendrá poco más de dos meses para aterrizar estas propuestas en textos concretos. La opinión pública y el Congreso estarán atentos a esos documentos.