La imagen de un campo de golf en La Guaira transformado en refugio para damnificados tras los recientes terremotos es mucho más que una postal de la tragedia. Es la metáfora perfecta del fracaso acumulativo de dos décadas de gestión pública en Venezuela. Lo que ocurrió en el litoral central no fue simplemente un evento geológico de alta magnitud; fue la colisión de una placa tectónica contra una estructura estatal deliberadamente debilitada. Para Colombia, y en particular para nuestra zona andina, este desastre no es un asunto de vecindad lejana. Es un recordatorio de que la ausencia de Estado de derecho y la destrucción de la capacidad técnica institucional tienen costos que, tarde o temprano, se pagan con vidas y con inestabilidad regional.
La infraestructura como víctima de la política
Los reportes desde La Guaira describen edificios residenciales y turísticos colapsados que no habrían caído bajo estándares sismorresistentes adecuados. Según la cobertura de BBC Mundo, la sociedad civil ha tenido que suplir la ausencia de respuesta estatal inmediata, ocupando espacios que antes simbolizaban exclusividad y que hoy son trincheras de supervivencia. Esta dinámica es consistente con lo que hemos observado en Nicaragua y Cuba: cuando el Estado se entiende como propiedad partidista y no como prestador de servicios públicos, la inversión en mantenimiento preventivo y códigos de construcción se sacrifica en el altar del gasto corriente o la propaganda.
Desde una perspectiva económica y de riesgo político, lo sucedido en La Guaira confirma que la vulnerabilidad física de Venezuela es inseparable de su vulnerabilidad institucional. Los datos históricos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la propia academia venezolana ya advertían sobre el deterioro de la infraestructura crítica mucho antes de este sismo. La diferencia hoy es que no existe margen fiscal para la reconstrucción ni capacidad de endeudamiento externo creíble, dado el aislamiento financiero y las sanciones derivadas de la ruptura del orden democrático. Esto significa que la recuperación será lenta, desordenada y dependiente de actores externos cuya agenda no necesariamente coincide con la estabilidad hemisférica.
Implicaciones para la seguridad andina
Para Bogotá, el colapso en La Guaira debe leerse en clave de seguridad nacional y política migratoria. Un desastre de esta magnitud en un país sin red de protección social funcional actúa como un acelerador de flujos migratorios irregulares. No estamos hablando solo de desplazamiento por violencia o colapso económico, sino de migración climática y catastrófica agravada por la incapacidad estatal. Esto presiona directamente a los departamentos de Norte de Santander, Arauca y La Guajira, donde la capacidad de absorción ya está saturada.
Además, el vacío de respuesta oficial crea nichos para que actores armados transnacionales y redes criminales asuman funciones de provisión de ayuda y control territorial en las zonas afectadas. En el eje Bogotá-Washington-Brasilia, debería encenderse una alerta sobre cómo estos grupos pueden capitalizar la tragedia para consolidar corredores ilícitos bajo la fachada de asistencia humanitaria. La experiencia del huracán Mitch en Centroamérica o el terremoto de Haití en 2010 demostró que los desastres naturales en contextos de debilidad institucional reconfiguran el mapa del crimen organizado.
El dilema de la asistencia internacional
Aquí surge la tensión ética y pragmática que define nuestra política exterior. Como defensores del libre comercio y la integración hemisférica, no podemos ser indiferentes al sufrimiento humano en La Guaira. Sin embargo, también debemos ser escépticos ante cualquier mecanismo de ayuda que legitime a un régimen responsable de la degradación que convirtió al sismo en catástrofe. La asistencia debe ser técnica, verificable y canalizada a través de agencias multilaterales y sociedad civil independiente, nunca como transferencia directa a un aparato estatal capturado.
La lección para Colombia es clara: nuestra resiliencia ante desastres naturales depende de la fortaleza de nuestras instituciones, no de la retórica. Mientras en La Guaira el campo de golf se convierte en refugio por la ausencia del Estado, nosotros debemos blindar nuestra propia capacidad de respuesta técnica y nuestra independencia judicial. La solidaridad con el pueblo venezolano es un imperativo moral, pero la vigilancia sobre las implicaciones geopolíticas de este colapso es un deber de Estado. No podemos permitir que la tragedia de nuestro vecino se convierta en la próxima crisis de seguridad de nuestra región andina.