Hay preguntas que el triunfo no debería silenciar, sino hacer más urgentes. Colombia acaba de obtener el segundo lugar en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con 266 preseas —91 de oro, 98 de plata y 77 de bronce— conquistadas por una delegación de 468 atletas. El presidente Abelardo De La Espriella celebró el resultado con un comunicado en el que habló de una “actuación extraordinaria” que hizo “vibrar a todo el país”, y prometió que el deporte será tratado como “política de Estado”. La pregunta que corresponde formular, con el respeto que merecen los medallistas, es sencilla de enunciar y difícil de responder: ¿qué significa, en términos verificables, que el deporte sea una política de Estado en Colombia?
Antes de la crítica, el reconocimiento. No es menor lo alcanzado en Santo Domingo. Detrás de cada una de esas 266 medallas hay años de entrenamiento en condiciones que rara vez aparecen en los comunicados oficiales: piscinas con horarios restringidos, pistas de atletismo deterioradas, becas que llegan tarde, ligas departamentales que sobreviven del voluntariado. El mérito de los atletas, de sus entrenadores y de sus familias —que el presidente acertadamente incluyó en su felicitación— es tanto mayor cuanto más precario es el andamiaje sobre el que construyeron sus carreras. Que el himno nacional haya sonado 91 veces en la capital dominicana es un hecho que ninguna discrepancia política puede empañar.
Pero precisamente porque el logro es genuino, conviene examinar las palabras del poder con la lupa que el poder merece. La expresión “política de Estado” tiene un sentido técnico preciso: se refiere a aquellas políticas que trascienden los gobiernos de turno, que cuentan con financiación plurianual protegida, con indicadores públicos de gestión y con instituciones capaces de ejecutarlas sin depender de la voluntad del ocupante momentáneo de la Casa de Nariño. Tocqueville observó que las democracias sanas se reconocen no por la elocuencia de sus discursos sino por la solidez de sus instituciones intermedias. Mutatis mutandis, un sistema deportivo sólido se reconoce no por los comunicados presidenciales sino por la continuidad presupuestal, la transparencia en la contratación de las federaciones y la profesionalización de los cuerpos técnicos.
La historia colombiana ofrece razones para la prudencia. Cada ciclo olímpico o centroamericano exitoso ha sido seguido de promesas solemnes de inversión, y cada promesa ha tropezado con las mismas piedras: la discrecionalidad en el reparto de los recursos, la captura politiquera de algunas federaciones, la ausencia de un sistema de formación de base que conecte las escuelas públicas con el alto rendimiento. Los colombianos hemos visto esta película antes, con distintos protagonistas y el mismo guion. No se trata de negar la buena fe del anuncio presidencial —sería injusto juzgar intenciones—, sino de recordar que en la res publica las intenciones se verifican con presupuestos ejecutados, no con adjetivos.
Hay, además, un matiz que vale la pena subrayar. El comunicado presidencial, identificado con el número 263, habla de abrir puertas, dar preparación y brindar respaldo. Son verbos correctos, pero incompletos. Una política de Estado seria requeriría también rendición de cuentas: publicar cuánto se invierte por deportista formado, qué porcentaje del presupuesto llega efectivamente a las ligas departamentales, cómo se seleccionan los entrenadores de las selecciones nacionales. Sin esos datos, la frase “nuestros deportistas no están solos” corre el riesgo de quedarse en lo que Orwell llamaba lenguaje diseñado para que las mentiras suenen veraces y el asesinato respetable —salvando, por supuesto, las enormes distancias del caso.
Sea justos: el gobierno de De La Espriella tiene ante sí una oportunidad real. El impulso emocional de un segundo lugar centroamericano es un capital político que bien administrado podría traducirse en reformas duraderas: una ley de financiación deportiva con vigencias plurianuales, la profesionalización del sistema de formación de entrenadores, la recuperación de los escenarios deportivos escolares que décadas de abandono han convertido en potreros. Si el presidente cumple siquiera la mitad de lo anunciado, habrá hecho más por el deporte colombiano que varios de sus antecesores juntos. Los colombianos debemos estar dispuestos a reconocerlo si ocurre, con la misma claridad con que hoy exigimos evidencia.
El deporte, decía el viejo aforismo olímpico, es una escuela de virtud cívica: enseña que los resultados se ganan con trabajo, que las reglas valen para todos y que el mérito no se decreta. Sería una ironía amarga que la celebración de esos valores sirviera de excusa para olvidarlos en la gestión pública. Los 468 atletas que volvieron de Santo Domingo con 266 medallas ya hicieron su parte. Ahora le toca al Estado demostrar que sus palabras pesan lo mismo que el oro que cuelga del cuello de sus campeones. La historia —y los contribuyentes— estarán atentos.