¿Cuándo debe detenerse el espectáculo? La pregunta parece menor frente a la tragedia, pero no lo es: toda sociedad revela su escala de valores en el momento exacto en que decide qué puede esperar y qué no. Este lunes 10 de agosto, tras el terremoto que sacudió a Colombia en horas de la mañana, la División Mayor del Fútbol Colombiano resolvió aplazar la totalidad de la programación de la semana —Liga BetPlay, Torneo BetPlay y Liga Femenina— y lo hizo con una frase que merece ser leída despacio: el fútbol puede esperar, Colombia nos necesita.
La decisión no fue improvisada. En un primer momento la entidad suspendió apenas los compromisos del propio lunes, y solo después de un monitoreo de la situación en las distintas ciudades y regiones afectadas extendió la medida a toda la semana. Ese gradualismo, lejos de delatar indecisión, sugiere un procedimiento: evaluar antes de anunciar, ajustar la medida a la magnitud del daño. En un país donde tantas decisiones públicas se toman por impulso o por cálculo político, que una institución tan criticada como la Dimayor proceda con mesura merece ser registrado. Cuando algo se hace bien, esta casa lo dice, venga de donde venga.
Hay, sin embargo, un punto más profundo que el simple aplazamiento deportivo. El comunicado anuncia que los 36 clubes profesionales pondrán sus capacidades y recursos al servicio de la atención y recuperación de las comunidades afectadas. Si esa promesa se cumple —y habrá que verificarlo, porque las declaraciones de emergencia envejecen mal cuando no se auditan— estaríamos ante un recordatorio de algo que los liberales clásicos entendieron bien: las instituciones intermedias, esas asociaciones civiles que Tocqueville admiraba en la democracia americana, son la musculatura real de una sociedad cuando el Estado llega tarde o no llega. Un club de fútbol no es solo un equipo; es una red de logística, de estadios, de hinchadas organizadas, de vínculo barrial que ningún ministerio puede replicar en cuarenta y ocho horas.
La historia ofrece precedentes instructivos. Tras la tragedia de Armero en 1985, el país entero se reorganizó en torno al luto y la ayuda, y el fútbol, como tantas otras actividades, cedió su lugar a la emergencia. La diferencia hoy es que la decisión no vino impuesta por decreto sino adoptada por la propia entidad deportiva, en ejercicio de una autonomía que conviene valorar. Las sociedades abiertas, nos enseñó Popper, no dependen de que una autoridad central ordene cada gesto de solidaridad; dependen de que las instituciones privadas y asociativas asuman responsabilidades sin que nadie las obligue. Que la Dimayor haya actuado así, sin esperar instrucción oficial, es un pequeño triunfo de la sociedad civil sobre la tentación —tan colombiana— de esperar siempre a que Bogotá disponga.
Cabe también una nota de prudencia. El aplazamiento tiene costos: calendarios comprimidos, derechos de televisión, taquillas, la economía menuda que gira alrededor de cada fecha. Nada de eso es trivial para quienes viven de ello, desde el vendedor de empanadas a la salida del estadio hasta el utilero del club. La medida se justifica porque la emergencia lo exige, pero sería un error convertir la suspensión en gesto permanente o en coartada para decisiones futuras menos justificadas. La solidaridad, como todo lo público, también debe rendir cuentas: dentro de unas semanas valdrá la pena preguntar qué hicieron exactamente los 36 clubes con los recursos que hoy ofrecen.
Mientras tanto, queda la imagen que el comunicado deja flotando: un país que se detiene. No por parálisis, sino por jerarquía. Hay semanas en que el balón es lo importante, y semanas en que lo importante es que el balón se calle. Los colombianos debemos esperar que esta pausa no sea solo retórica, y que cuando el fútbol regrese —porque regresará, como regresa la vida— lo haga sobre comunidades que recibieron algo más que un mensaje de condolencia. La res publica no se juega en noventa minutos; se juega, precisamente, en los días en que no hay partido.