La imagen de Juan David, un recién nacido de apenas 18 días extraído con vida de los escombros en Venezuela, ha recorrido el mundo como un testimonio de resiliencia humana. Su madre, rescatada junto a él, relata cómo la presencia del bebé le dio fuerzas para resistir bajo la estructura colapsada. Es una historia que conmueve y que merece ser contada con la dignidad que ofrece el periodismo de calidad. Sin embargo, desde una perspectiva analítica y regional, este evento no puede leerse solo como un milagro aislado. Para Colombia y para la región andina, este rescate es también un recordatorio brutal de lo que ocurre cuando la capacidad estatal de prevención y respuesta ante desastres se ha erosionado tras años de desinversión y gestión ideologizada.
La resiliencia individual no sustituye al Estado
En cualquier país con institucionalidad técnica consolidada, la supervivencia tras un sismo depende de códigos de construcción rigurosos, sistemas de alerta temprana y cuerpos de bomberos profesionalizados. En Venezuela, la carga recae desproporcionadamente sobre la voluntad individual y la solidaridad vecinal. Según reportes de organizaciones como Transparencia Venezuela y el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, la infraestructura crítica lleva más de una década sin mantenimiento adecuado, lo que convierte a eventos naturales previsibles en catástrofes humanitarias.
Para Colombia, esto no es un problema lejano. Compartimos una frontera porosa y una dinámica migratoria donde los desastres naturales actúan como multiplicadores de flujos desplazados. Cuando el Estado venezolano falla en proteger a sus ciudadanos en momentos de crisis aguda, la presión sobre los sistemas de salud, albergue y asistencia humanitaria en ciudades como Cúcuta, Arauca y Maicao se incrementa de inmediato. La falta de protocolos binacionales de emergencia, debilitados por la politización de la relación diplomática, deja a las autoridades locales colombianas respondiendo con recursos limitados a fallas estructurales del país vecino.
Riesgos compartidos en la región andina
La lección trasciende la coyuntura venezolana. La región andina es sísmicamente activa y climáticamente vulnerable. Los datos del Banco Mundial y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) han advertido repetidamente que la inversión en gestión del riesgo de desastres en nuestros países sigue siendo insuficiente frente a la exposición geológica. Mientras celebramos la vida de Juan David, debemos preguntarnos si nuestras propias instituciones están preparadas para un escenario similar.
La diferencia entre un rescate mediático y una tragedia masiva suele radicar en la calidad de la gobernanza previa al evento. Países como Chile o Japón han demostrado que la preparación técnica salva vidas de manera sistemática, no excepcional. En contraste, la narrativa del “milagro” en contextos de deterioro institucional corre el riesgo de normalizar la ineficiencia estatal, transformando la excepción heroica en la regla de la supervivencia.
Desde “La Bitácora”, defendemos la profesionalización de la fuerza pública y la independencia técnica de los organismos de emergencia como pilares de seguridad nacional. El caso venezolano nos interpela directamente: ¿están nuestros códigos de construcción actualizados y fiscalizados? ¿Tenemos sistemas de alerta temprana interoperables con nuestros vecinos? ¿Contamos con reservas estratégicas para asistencia humanitaria transfronteriza?
El nacimiento de Juan David entre los escombros es, ante todo, un triunfo del amor materno y de la vida. Pero también es un espejo incómodo. Nos recuerda que en la geopolítica andina, la debilidad institucional de un vecino es un riesgo sistémico para todos. La solidaridad es indispensable, pero no sustituye la necesidad de construir Estados capaces, técnicamente competentes y financieramente sostenibles. Solo así podremos garantizar que la supervivencia ante un desastre sea producto de la política pública y no únicamente de la providencia.