Una dimisión que reordena el debate
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes tiene en la Constitución una tarea precisa: investigar y, cuando corresponda, acusar a los altos responsables del Estado previstos en el artículo 174 de la Carta. No es un tribunal electoral ni una herramienta de presión coyuntural. Esa definición es la única frontera admisible para su actuación.
El 10 de junio, según reportó El Heraldo, ese mismo cuerpo legislativo adoptó una medida cautelar contra el presidente Gustavo Petro. Horas después, el representante liberal Leonardo Gallego Arroyave presentó renuncia irrevocable a la Comisión mediante carta dirigida a la Presidencia de la Cámara. La coincidencia temporal fue inmediata, y la motivación, explícita.
Gallego sostuvo, en palabras reproducidas por el diario, que la decisión “carece de fundamentos suficientes y genera efectos políticos que trascienden el ámbito propio de las competencias institucionales de la comisión”. Y agregó, también citado por el mismo medio, que “la Comisión de Investigación y Acusación no fue concebida para favorecer o perjudicar a ningún gobierno de turno, ni para intervenir directa o indirectamente en procesos electorales en curso”.
Se trata, hasta ahora, de la valoración atribuida al congresista que dimitió. Conviene leerla con la frialdad del expediente.
El expediente de un órgano cuestionado
La Comisión de Acusación ha sido, en las últimas décadas, el eslabón más débil del juzgamiento político en Colombia. Acumula investigaciones que prescriben, archivos discutidos y decisiones que distintos sectores leen en clave electoral. No es una pauta nueva: distintos informes de la Comisión de Seguimiento a la Reforma Política han señalado la necesidad de revisar su régimen de impedimentos, los términos de prescripción y la publicidad de las ponencias.
Que uno de sus integrantes renuncie en pleno proceso, invocando la defensa del ordenamiento jurídico, no resuelve por sí solo la crisis. La planta.
Lo que se discute, y lo que queda por discutir
Lo que está en juego no es solo la situación del presidente Petro, que enfrenta cuestionamientos públicos conocidos. Lo que está en juego es si Colombia conserva un procedimiento constitucional creíble para tramitarlos.
Una comisión que adopta decisiones que sus propios miembros consideran infundadas, en semanas preelectorales, no investiga: erosiona el instrumento legítimo. Y cuando se erosiona el mecanismo, queda el juicio por opinión pública, por redes y por calles. Eso no es justicia; es su sustitución.
La defensa de la institucionalidad no es patrimonio de ningún partido. La pregunta, formulada desde el ejercicio del columnismo, es si las distintas bancadas —incluidas las que respaldaron la medida— están dispuestas a transparentar las votaciones, publicar las ponencias y explicar el fundamento normativo de cada paso procesal. La otra pregunta, inevitable, es qué hace la Mesa Directiva de la Cámara para reponer la vacante y garantizar que la integración resultante no profundice el déficit de legitimidad que la propia dimisión puso sobre la mesa.
Una crisis que la renuncia no cierra
La Comisión de Acusación enfrenta una crisis de legitimidad que la dimisión de Gallego no hizo más que confirmar. La crisis no terminó con la renuncia. Empezó con ella, en la medida en que la hace visible.