La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes recibió una denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro, presentada por la defensa de Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo. Según reportó Diario del Norte, los abogados del procesado sostienen que el mandatario habría incurrido en varios delitos al referirse públicamente a su defendido.
El dato relevante no es el personaje. Es el mecanismo. Colombia tiene un régimen de juzgamiento presidencial diseñado para evitar que un jefe de Estado en ejercicio sea sometido a los mismos ritmos de la justicia ordinaria. Esa arquitectura —preconstitucional en su origen, constitucional desde 1991— descansa sobre la Comisión de Acusaciones de la Cámara y, en segunda instancia, sobre una comisión del Senado. Es un fuero, no una inmunidad: el trámite existe y puede terminar en una destitución, pero está pensado para que no se convierta en arma política de uso cotidiano.
Por eso la sola radicación del escrito obliga a mirar tres cosas con atención.
Primero, el contenido de las declaraciones atribuidas al Presidente. La denuncia parte de señalamientos públicos del jefe de Estado contra un ciudadano vinculado a una investigación por contrabando y narcotráfico. Si esas declaraciones existieron y se dieron antes de una sentencia condenatoria, la pregunta jurídica es si configuraron una prejuzgamiento o una afectación del debido proceso. Eso lo debe resolver la Comisión, no la opinión pública, y mucho menos esta columna.
Segundo, el precedente. Cada vez que un presidente en ejercicio es denunciado penalmente por un particular se instala una rutina. La Comisión queda obligada a resolver si abre investigación previa o archiva. Esa decisión, según el artículo 178 de la Ley 5ª de 1992, debe ser motivada y notificada. Lo que se haga en este expediente servirá de referencia para los que vendrán.
Tercero, el contraste con el discurso oficial. El actual gobierno ha sido explícito en criticar el uso de la justicia contra líderes sociales y opositores. La coherencia institucional exige que ese mismo estándar se aplique cuando el denunciante es un procesado por narcotráfico y el denunciado es el Presidente. La Comisión de Acusaciones no puede ser selectiva por afinidad política.
Hay un punto adicional que conviene no perder de vista. Diego Marín Buitrago es, según múltiples reportes judiciales, una pieza central en redes de contrabando que habrían operado durante décadas con complicidades en puertos, aduanas y, según versiones en curso, con的保护 de funcionarios locales. Cualquier proceso en su contra debe avanzar con el rigor probatorio que su gravedad exige. Una denuncia suya —o de sus abogados— contra el Presidente no convierte al procesado en víctima ni al gobernante en culpable. Convierte el caso en un test institucional.
La tentación editorial es fácil: o defender al gobierno por reflejo o atacarlo por costumbre. Ninguna de las dos sirve. Lo que sirve es registrar que la Comisión de Acusaciones tiene un expediente nuevo, que ese expediente se tramitará según los tiempos del Congreso, y que la ciudadanía tiene derecho a conocer cada decisión con nombre, fecha y votación. La opacidad en estos procesos es lo que históricamente ha minado la confianza en el sistema político.
Por ahora, los hechos confirmados son pocos: hubo denuncia, fue radicada, y apunta al Presidente de la República. Todo lo demás —los delitos imputados, las pruebas, la respuesta de la defensa del mandatario— está por verificarse en el expediente. La columna termina donde empieza el documento oficial.
La independencia judicial no se defiende solo cuando conviene al propio bando. Se defiende cuando el caso es incómodo, cuando el denunciante es repudiado y cuando el denunciado tiene poder. Especialmente entonces.