Colombia entra al 7 de agosto con un problema que no se resuelve con alocuciones en redes sociales. El presidente electo Abelardo de la Espriella difundió el 7 de julio una intervención en la que pidió a las Fuerzas Militares cumplir con el juramento de proteger la Constitución y rechazar cualquier instrucción del gobierno saliente que, según su lectura, la contradiga. El mensaje, dirigido a tropas en plena transición, fue reportado por Infobae Colombia.
El presidente Gustavo Petro respondió por la misma vía —su cuenta en X— que no ha impartido instrucción alguna contraria a la Carta. En la misma publicación lanzó críticas al expresidente Álvaro Uribe, a la gestión de Iván Duque durante el paro nacional y a quienes, según él, “no ganaron las elecciones”. La defensa institucional quedó mezclada con ataque político.
Sobre el resultado del 21 de junio, Petro sostiene tres afirmaciones: que los formularios E14 fueron modificados tras su subida al sistema, que una “unidad civil de testigos digitales” de 70.000 ciudadanos detectó esas alteraciones y que el software electoral es “más vulnerable” porque su ciberdefensa depende de empresas de Estados Unidos e Israel. Hasta ahora, según la reconstrucción de Infobae, ninguna de esas afirmaciones ha sido respaldada por un pronunciamiento oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, del Consejo Nacional Electoral ni de la Fiscalía General de la Nación.
El contraste con la sentencia del Consejo de Estado de 2014 —que ordenó cambios al software por vulnerabilidades— es retórico, no probatorio. Que un sistema sea susceptible de ataque no equivale a que haya sido atacado, ni a que el resultado esté viciado. La carga de la prueba recae sobre quien denuncia.
¿Qué hace De la Espriella al dirigirse directamente a las tropas? El pronunciamiento, leído literalmente, no es un llamado a la insubordinación: la Constitución es el parámetro invocado. Pero sí introduce a un actor civil en la cadena de mando en un momento de transición. La verificación de si una orden presidencial vulnera la Carta corresponde, en el marco legal, a la cadena institucional y a los conductos de denuncia, no a un pronunciamiento unilateral del electo.
El país queda, en la práctica, con dos legitimidades en disputa y sin un árbitro electoral que se haya pronunciado. La Registraduría, el CNE y, eventualmente, la Corte Constitucional son las instancias llamadas a verificar cualquier denuncia de fraude. Mientras las acusaciones no se canalicen por esos conductos, las publicaciones en redes sociales serán ruido político, no prueba.
El empalme, según reportó Infobae, fue suspendido por el equipo entrante y proseguirá por canales paralelos hasta el 6 de agosto. Esa fragmentación operativa es el riesgo más concreto: una Fuerza Pública que recibe señales contradictorias en pleno relevo puede entrar en zonas de ambigüedad.
Colombia ha vivido transiciones difíciles. La defensa de la Carta no se hace desde un video en Instagram ni desde un trino: se hace en el Consejo de Estado, en el CNE y en la Registraduría, con peritos, actas y sentencias. Lo demás es propaganda —de un lado y del otro.