A una semana de la segunda vuelta presidencial, el debate público volvió a ocuparse de una denuncia grave que, según lo reportado, circula sin soportes verificables. El candidato Abelardo de la Espriella afirmó en un streaming de Noticias RCN que existiría una compra masiva de votos en varias regiones del país, con énfasis en el Caribe y con ramificaciones en Boyacá y Nariño. Según reportó Infobae Colombia, el aspirante sostuvo además que esa información ya fue remitida al Gobierno de Estados Unidos porque, en sus palabras, “aquí no pasa nada”.
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, entró al debate por la puerta que le dejó el denunciante: el señalamiento directo. Su respuesta, publicada en X, fue medida: no polemiza, reivindica su gestión y apela a la reconciliación. Dijo haber recorrido cerca de 500 municipios en dos años y medio de mandato y sostuvo que sus intervenciones públicas y privadas sobre el proceso electoral se han limitado a un llamado al voto libre, al respeto y a la no agresión.
La prudencia del gobernador es entendible en términos políticos. No lo es, en cambio, el vacío probatorio que el propio medio que recogió la denuncia describe: hasta la publicación de la nota, las acusaciones de De la Espriella no habían sido acompañadas públicamente por pruebas verificadas por organismos de control ni por autoridades judiciales. Tampoco se habían conocido pronunciamientos oficiales de entidades estadounidenses sobre los señalamientos del aspirante, según consignó Infobae.
Hay tres problemas serios en este tipo de episodios. Primero, se judicializa la política por la vía del escándalo mediático. Cuando un candidato presidencial afirma ante cámaras que hay compra de votos y que el Estado colombiano no actúa, está sustituyendo a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Registraduría por un set de streaming. Si existen indicios, el camino institucional es la denuncia formal ante las autoridades competentes.
Segundo, se internacionaliza la controversia sin sustento. Anunciar el envío de información a un gobierno extranjero sobre asuntos internos, sin que exista una solicitud formal de cooperación ni un pronunciamiento del receptor, erosiona la soberanía jurisdiccional y abre la puerta a que cualquier actor político apele a Washington como árbitro de la disputa local.
Tercero, se pone en duda la conducta de un funcionario elegido democráticamente sin más respaldo que la palabra del denunciante. La gravedad de una acusación de compra de votos exige que no se lance al aire y que se tramite por los conductos institucionales.
El contraste entre las dos actitudes es nítido. De un lado, un candidato que promete pruebas que no muestra y que traslada el caso a una potencia extranjera. Del otro, un gobernador que exhibe kilómetros, municipios y un récord de presencia territorial como respuesta a una imputación que, hasta ahora, nadie ha formalizado.
Boyacá, como recordó Amaya, está por encima de cualquier campaña. Pero la integridad del debate electoral también lo está. Las denuncias de fraude o de compra de votos deben llegar a la Fiscalía General de la Nación, a la Registraduría y, si hay indicios de recursos públicos involucrados, a la Contraloría. Mientras eso no ocurra, lo que circula es rumor con megáfono.
La segunda vuelta se decide en las urnas, no en los streamings. Y la confianza del elector se construye con actas, no con tuits.