La segunda vuelta presidencial del 21 de junio se juega en un terreno donde las reglas formales del juego democrático coexisten con prácticas territoriales que las desdicen. La denuncia del candidato Abelardo de la Espriella contra el gobernador de Nariño por presunta intimidación a alcaldes y ciudadanos, reportada por Infobae Colombia, no es un episodio aislado: se inscribe en una secuencia de alertas que la Misión de Observación Electoral y distintas veedurías vienen documentando desde la primera vuelta del 31 de mayo.
El contraste con la respuesta oficial es notorio. El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, afirmó que “no hay que criminalizar el voto” y sostuvo que la evidencia disponible no demuestra una relación directa entre presencia de grupos armados ilegales y decisiones del electorado, según registró Infobae. El mismo despacho anunció el despliegue de 408.000 uniformados para la jornada. La cifra es ambiciosa; su efectividad depende de que la Fuerza Pública opere con mando unificado y coordinación con la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, no de anuncios.
Hay tres puntos que conviene mirar con frialdad en estos seis días.
Primero, la asimetría regional. La campaña cerró el domingo 14 con dos actos de signo opuesto: De la Espriella en la plaza de Buga, Valle del Cauca, y Cepeda en Soledad, Atlántico. Ambos escenarios urbanos, ambos con movilización masiva. La disputa real, sin embargo, se libra en los municipios medianos y en los corredores del Pacífico, el Catatumbo y el sur de Colombia, donde la presencia de estructuras armadas y la dependencia fiscal de los mandatarios locales abren espacios de presión que no se resuelven con un PMU en Bogotá.
Segundo, el censo exterior. 1.441.661 colombianos habilitados para votar en 67 países, con apertura de urnas en Auckland y continuidad en Sídney, Seúl, Beijing, Tokio y Bangkok, entre otras ciudades. La logística de la Cancillería es exigente y el precedente de 2022 dejó lecciones sobre la depuración del censo. El Puesto de Mando Unificado instalado en el Palacio de San Carlos, con acompañamiento de la MOE, la Unión Europea y la OEA, es una señal institucional correcta; corresponde ahora que las observaciones se traduzcan en actas.
Tercero, el veto electoral. Desde este lunes 15 de junio rige la prohibición de publicar encuestas, lo que traslada la formación de expectativas al trabajo territorial de los equipos y a la comunicación directa. En ese vacío, las denuncias de coacción adquieren un peso desproporcionado: cualquier señalamiento público, venga de donde viniere, puede mover votos en márgenes estrechos.
La diferencia de 700.000 votos que separó a ambos candidatos en la primera vuelta, según reportó Infobae, es el dato que ordena la recta final. En una elección tan cerrada, la integridad del proceso en Nariño, Cauca, Putumayo y Arauca vale tanto como la estrategia de cierre en Bogotá o Medellín. La denuncia contra el gobernador nariñense debe ser evaluada por los organismos de control con la misma velocidad con que se desplegarán los uniformados el domingo. Si la coacción se comprueba, las consecuencias jurídicas y electorales deben llegar antes del 21 de junio, no después.
La democracia no se defiende solo en los tarimas de Buga y Soledad. Se defiende en cada mesa de los 13.742 puestos de votación, en cada consulado abierto en Asia y Oceanía, y en la voluntad de 41.421.973 colombianos habilitados para decidir quién gobierna a partir del 7 de agosto. La semana que arranca exige menos declaraciones y más verificación.