El 20 de julio, en la misma jornada en que el Congreso se instaló para el período 2026-2030, un grupo de representantes del Movimiento de Salvación Nacional y del Partido Creemos radicó una proposición para que la posesión presidencial del 7 de agosto no se realice en el Capitolio Nacional. La iniciativa, según reportó Infobae, plantea que Senado y Cámara aprueben por separado el traslado temporal de su sede a una guarnición militar, donde Abelardo de la Espriella y el vicepresidente electo tomarían juramento. Una vez concluida la ceremonia, la sede “volvería de forma automática” al Capitolio, sin nueva decisión.
El sustento jurídico invocado es conocido: el artículo 192 de la Constitución exige que el presidente tome posesión ante el Congreso, pero no fija un lugar específico. La proposición añade el artículo 140 de la Carta y el artículo 33 de la Ley Quinta de 1992, normas que permiten a las cámaras mudar su sede mediante acuerdo conjunto. Los secretarios generales del Senado y de la Cámara, consultados por el equipo de empalme del presidente electo, habrían concluido que el traslado es constitucionalmente viable y que el trámite debe surtirse en cada corporación por separado, no en sesión conjunta.
Sobre el papel, el procedimiento es regular. La mayoría simple prevista en la Ley Quinta bastaría para aprobarlo, siempre con el cuórum decisorio. La Corte Constitucional, en la Sentencia C-332 de 2025, habría reiterado el carácter solemne del juramento ante el Congreso sin pronunciarse sobre la sede. No hay, a primera vista, un óbice formal.
El problema no es formal. Es de fondo, y es de precedente.
Mudar la sede del Legislativo a una guarnición militar para un acto de esta naturaleza introduce una variable que no estaba en el diseño constitucional de 1991. La posesión presidencial ante el Congreso no es un evento protocolario: es la ratificación pública del pacto entre el Ejecutivo y el Legislativo, en el edificio que aloja a ambos poderes. Trasladarla a un cuartel, aunque sea por unas horas, desplaza el centro simbólico del acto. La justificación invocada en la exposición de motivos —“reconocimiento institucional a la fuerza pública”— no aparece en ninguna norma constitucional como criterio para modificar la sede del Congreso.
Hay además una lectura política que conviene no pasar por alto. La proposición fue radicada por dos bancadas minoritarias (Salvación Nacional y Creemos), con firmas de Carol Borda y Luis Guillermo Patiño. El quórum para aprobarla depende, en consecuencia, de mayorías que no son las de quienes la promueven. Eso significa que el traslado se consumará, si se consuma, por el voto de congresistas que no lo habían propuesto. El precedente, en tal caso, lo escribirán otros.
Y el precedente es lo que queda. Una vez que el Congreso aprueba mudar su sede a una guarnición militar para un acto político de primer orden, la barrera para repetirlo —bajo cualquier justificación, con cualquier gobierno— queda más baja. La excepcionalidad que la propia proposición invoca se erosiona con cada uso.
También pesa el calendario. La ceremonia está prevista para el 7 de agosto, diecisiete días después de la radicación. La propia proposición recomienda resolver el trámite “con suficiente anticipación” para logística, seguridad y protocolo. La estrechez del plazo no invalida la iniciativa, pero sí reduce el margen para debate público y para que la ciudadanía y la academia examinen lo que se está decidiendo.
La Constitución permite lo que se propone. Pero permitirlo no es lo mismo que hacerlo bien. Una democracia institucionalista se mide también por los gestos que elige cuando tiene margen para elegirlos. Mudar el Capitolio a un cuartel para posesionar a un presidente electo por voto popular es un gesto que, aunque jurídicamente posible, no es trivial. Y un Congreso que lo aprueba sin debate extenso está decidiendo algo más que una sede: está decidiendo dónde queda, en adelante, el símbolo de su propia autoridad.
La proposición puede prosperar. Si prospera, Colombia habrá inaugurado una práctica que ninguna posesión anterior de este siglo necesitó. Eso es lo que está en juego, más allá del trámite.