El 10 de junio, el presidente Gustavo Petro intervino ante el Consejo de Seguridad de la ONU y entrelazó tres asuntos de naturaleza muy distinta: el cierre de su período, su inclusión en la lista Ofac y el contenido de su reciente encuentro con Donald Trump. Cada uno merecería un análisis por separado; juntos, dibujan un patrón de gobierno que en su tramo final combina gestos multilaterales con declaraciones que no se traducen en hechos verificables.
Sobre el primer punto, según Infobae, el jefe de Estado afirmó que el día en que concluya su mandato saldrá de la Casa de Nariño sin destino definido y que esta podría ser su última intervención en ese foro. La declaración despeja, al menos en el plano retórico, una inquietud que ha circulado en la opinión sobre la permanencia en el poder por fuera del orden constitucional. ¿Por qué formular ese compromiso ante el Consejo de Seguridad y no ante la Corte Constitucional o el Consejo Nacional Electoral, que son las instituciones competentes en Colombia?
El segundo asunto fue la defensa frente a la Lista Clinton. Petro sostuvo, siempre según Infobae, que su inclusión responde a sus ideas políticas y no a actividades criminales, y trazó un paralelismo entre la estigmatización de migrantes y la persecución nazi posterior al incendio del Reichstag. La comparación, que el propio presidente ha reiterado en escenarios previos, ha sido cuestionada por historiadores y por la prensa internacional por su carácter desproporcionado. Hasta donde se conoce, el Departamento del Tesoro no ha detallado públicamente los motivos específicos de la designación, lo que deja al gobierno colombiano sin un interlocutor formal para controvertir la medida. Las declaraciones en Nueva York no sustituyen ese canal. Los recursos jurídicos interpuestos en tribunales estadounidenses, según se ha informado, no han prosperado hasta ahora.
El tercer elemento fue el relato del encuentro con Trump en la oficina presidencial de Estados Unidos. Petro dijo haber salido “satisfecho” de una conversación que, en su versión, giró en torno a acuerdos institucionales. Pocas horas después, según el mismo reporte de Infobae, Trump respaldó públicamente al candidato Abelardo de la Espriella, lo que el presidente colombiano calificó como una infracción a la Constitución estadounidense. ¿Qué lectura hace el gobierno de un giro así en la posición de Washington? Y, sobre todo, ¿cómo se concilia ese reclamo con la postura que Colombia ha mantenido históricamente frente a intervenciones de otros mandatarios en procesos electorales de la región? Si la independencia de los procesos internos es un principio que el país defiende en su política exterior, la coherencia exige aplicarlo de manera uniforme, no según la afinidad del afectado.
En conjunto, la intervención dejó una certeza y varias preguntas abiertas. La certeza: el presidente dice que entregará el poder el día previsto. Las preguntas: cuál es la estrategia jurídica frente a la Ofac, qué lectura se hará del giro de Washington hacia De la Espriella y cómo se reconstruirá un proyecto político que en este momento no tiene candidato propio visible. La ONU registra discursos; el electorado y los tribunales registran hechos.