Los colombianos debemos preguntarnos, cada cuatro años, por qué el fútbol despierta pasiones que la política institucional no logra igualar. El empate entre Brasil y Marruecos en el debut del Grupo F del Mundial 2026 —un 0-0 que deja todo en suspenso para la clasificación— ofrece una metáfora incómoda: dos potencias que se anularon mutuamente, respetando reglas comunes, bajo la vigilancia de un árbitro cuya autoridad nadie cuestionó seriamente. ¿Qué tendrían que ver once jugadores con la res publica?
Tocqueville observó en la América del siglo XIX que las democracias necesitan de asociaciones intermedias, de rituales compartidos, para que los ciudadanos aprendan a someter intereses particulares a normas colectivas. El fútbol, con su offside objetivable y su VAR que corrige excesos, funciona como una de esas asociaciones a escala planetaria. Marruecos, monarquía constitucional que en 2022 llegó a semifinales desafiando pronósticos, y Brasil, república federal desgastada por el populismo de los últimos lustres, compartieron un terreno de juego donde el mérito deportivo —no el poder adquisitivo ni el peso demográfico— determinó el resultado parcial. Mutatis mutandis, así debería operar un mercado regulado o una justicia independiente.
La tensión central no es trivial. En el momento en que escribimos, el partido acaba de concluir su primer tiempo sin goles. La fuente original señala que “el ganador podría asegurar la primera plaza”. Esa incertidumbre estructural —que el esfuerzo de noventa minutos no garantice nada, que la segunda mitad pueda reconfigurar todo— es precisamente lo que Popper llamaba la “sociedad abierta”: un sistema donde el futuro no está determinado por el pasado, donde la corrección de errores es posible en tiempo real. El VAR, con todas sus imperfecciones, encarna esa posibilidad de revisión que las instituciones políticas saludables deberían imitar.
Pero la metáfora tiene límites, y un columnista debe reconocerlos. El fútbol mundialista es, en rigor, un espectáculo corporativo regido por una FIFA que no precisamente ejemplifica la transparencia. Qatar 2022 dejó heridas éticas que no han cicatrizado. Estados Unidos, México y Canadá 2026 repiten el modelo de megaeventos que distraen recursos públicos hacia estadios mientras las infraestructuras sociales crujen. Brasil mismo, cuya selección viste los colores de una nación que Bolsonaro desgastó y Lula no termina de recomponer, arrastra la ironía de que su fútbol siga siendo admirable mientras su política se desliza hacia la polarización sin reglas. Arendt, en sus reflexiones sobre el totalitarismo, alertaba sobre los movimientos de masas que anulan el espacio público de deliberación. El estadio lleno, la hinchada cantando, pueden ser —han sido— instrumento de esa anulación.
¿Qué nos queda entonces? Quizás solo esto: la observación de que, durante noventa minutos regulados, brasileños y marroquíes acordaron someterse a normas que ninguno de los dos escribió, pero ambos aceptaron. Ese gesto mínimo, que Hannah Arendt habría reconocido como el inicio de toda acción política genuina, es más de lo que ocurre en demasiados parlamentos del continente. Cuando un defensor marroquí despeja ante un delantero brasileño, ambos reconocen tácitamente que el balón existe, que la portería tiene dimensiones fijas, que el cronómetro no se detiene por voluntad presidencial.
El empate deja al Grupo F abierto, sin certezas, con segunda vuelta por delante. Los colombianos, que no estamos en este Mundial —una ausencia que duele en la medida en que duele todo fracaso institucional prolongado—, podemos al menos leer en el resultado una pregunta que no se resuelve fácil: si somos capaces de construir reglas del juego tan claras como las del fútbol, y si estamos dispuestos a perder bajo ellas sin romper el tablero.