¿Qué queda de un lugar cuando su nombre es absorbido por el espectáculo que lo habita?
El próximo 19 de julio, España y Argentina disputarán la final del Mundial 2026 en un recinto llamado —oficialmente— “Estadio Nueva York Nueva Jersey”. La fórmula orwelliana no es casual: el venue se alza en East Rutherford, un municipio de 9.000 habitantes en Nueva Jersey, a una decena de kilómetros de Manhattan, pero lejos de pertenecer a cualquiera de las dos ciudades invocadas. El torneo ha programado allí su partido 104, el último, como si la geografía pudiera doblarse al ritmo de los contratos de patrocinio y las estrategias de mercado.
Este fenómeno no es nuevo, pero sí se ha exacerbado. Tocqueville ya observaba en la América del siglo XIX cómo las asociaciones privadas tendían a suplantar las funciones y los símbolos de lo público. Lo que entonces era democracia en acción hoy deviene, mutatis mutandis, colonización del espacio común por el capital del entretenimiento. El estadio no miente del todo —Nueva York está cerca, Nueva Jersey es el estado anfitrión—, pero tampoco dice la verdad. Opera en el territorio de la sugestión, donde el adjetivo reemplaza al sustantivo y el branding borra el mapa.
La pregunta que importa no es técnica, sino política en el sentido más antiguo del término: ¿quién decide cómo se llama un lugar, y con qué consecuencias para quienes lo habitan? Arendt advertía que el totalitarismo no comienza con los campos, sino con la destrucción del espacio de aparición pública, con la eliminación del lugar desde donde los ciudadanos pueden reconocerse como tales. No equiparo, desde luego, un nombre comercial con el terror; pero sí señalo la lógica compartida: cuando East Rutherford deja de existir en el discurso público para convertirse en apéndice de una marca binaria, sus residentes pierden un revestimiento elemental de ciudadanía.
El fútbol mundializado ha construido su propia res publica, paralela y muchas veces hostil a las repúblicas territoriales. Los organizadores del Mundial no rinden cuentas ante el consejo municipal de East Rutherford; rinden cuentas ante los stakeholders de FIFA y sus socios comerciales. El ciudadano del municipio, que soportará el tráfico, la seguridad, la inflación de precios locales y el abandono posterior del coloso, es un externality en el balance. La democracia liberal clásica exigía que quienes tomaban decisiones identificables asumieran responsabilidades igualmente identificables. El régimen del espectáculo difumina ambas cosas.
Colombia debería prestar atención. Los proyectos de infraestructura deportiva —el ya frustrado Mundial Sub-20, las recurrentes promesas de sedes panamericanas— suelen replicar esta arquitectura de nombres prestados y beneficios concentrados. La historia reciente del país registra estadios inaugurados con pompa y abandonados con rapidez, deudas públicas contraídas en nombre del prestigio internacional, comunidades vecinas excluidas de la planificación. La oposición, cuando critica estos proyectos, suele caer en la trampa de oponer “cultura” a “deporte”, como si el problema fuera el balón y no el modelo de gobernanza. El gobierno, a su turno, celebra cada designación internacional como triunfo diplomático sin auditar su costo institucional.
No hay aquí una condena al fútbol, ni tampoco un llamado al aislamiento. Popper, defensor de la sociedad abierta, sabía que la competencia internacional enriquece cuando las reglas son transparentes y los participantes preservan su autonomía. El problema es cuando el juego se convierte en pretexto para alterar esas reglas, para que el nombre de una ciudad sea reemplazado por el de un contrato, para que el ciudadano de a pie deje de contar porque no figura en la audiencia objetivo de los patrocinadores.
East Rutherford seguirá existiendo el 20 de julio, cuando el último fuego artificial se apague y los equipos regresen a Madrid o Buenos Aires. Sus calles, sus escuelas, su presupuesto municipal seguirán allí, con los mismos problemas de siempre y algunos agravados por la fiesta. El estadio, entonces vacío, conservará su nombre doble, su identidad prestada. La pregunta que deberíamos hacernos los colombianos —como espectadores, como ciudadanos, como quienes alguna vez podrían repetir el modelo— es si queremos que nuestros territorios se llamen como son, o como conviene a quienes los alquilan por un mes.
La final se jugará, sin duda, bajo un nombre. Lo que no está decidido es si ese nombre designa un lugar, o solo lo consume.