Faltan tres días para la segunda vuelta del 21 de junio y la campaña presidencial entró en una fase en la que priman los gestos, las declaraciones cruzadas y la invocación al orden público. La Registraduría ya abrió la votación en el exterior el 15 de junio y los consulados operan en distintos países, mientras el escrutinio definitivo se certificará tras el cierre de las urnas, según la normativa vigente.
El dato central es que ninguno de los candidatos alcanzó la mayoría absoluta en la primera vuelta, por lo que la definición quedó entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, como reportó Infobae Colombia. La fórmula ganadora asumirá el 7 de agosto y gobernará hasta 2030. El procedimiento es el previsto en la Constitución y en el Código Electoral; lo que escapa al procedimiento es el tono.
Según Infobae Colombia, el expresidente Álvaro Uribe afirmó públicamente que el candidato Iván Cepeda tendría un acuerdo nacional para favorecer a delincuentes, una declaración política de un exmandatario con peso electoral, no una imputación formulada por una autoridad judicial. Hasta el momento de publicación de esta columna, esa afirmación no aparece respaldada por pruebas públicas ni por decisiones judiciales en firme, según la revisión de las fuentes disponibles. Cuando una figura con esa influencia formula una denuncia de esa gravedad en la última semana de campaña, ¿qué estándar de verificación debería exigírsele? La respuesta institucional es conocida: el conducto es la Fiscalía General de la Nación o el Consejo Nacional Electoral, no una tarima.
En el otro extremo, Cepeda volvió a retar a De la Espriella a un debate público y lo acusó de esconderse en la recta final, según Infobae Colombia. Un debate entre los dos candidatos en la última semana habría permitido contrastar programas en seguridad, economía y relaciones exteriores, áreas donde la distancia entre ambas campañas es notoria. El formato, los moderadores y las reglas deben acordarse con la Registraduría y los equipos jurídicos de cada campaña; sin ese acuerdo, los retos cruzados son declaraciones, no propuestas democráticas.
Dos elementos adicionales marcan el cierre de la campaña. El primero es el levantamiento de restricciones del Consejo Nacional Electoral a la firma AtlasIntel, lo que vuelve a habilitar la publicación de encuestas en pleno período de veda informativa, según Infobae Colombia. El CNE negó además la demanda que pretendía retirar la inscripción de De la Espriella por su doble nacionalidad, lo que despeja el escenario jurídico de la segunda vuelta. El segundo es el respaldo expresado por el presidente estadounidense Donald Trump a De la Espriella, una intervención externa que, según la doctrina constitucional, no corresponde a la tradición de no injerencia que Colombia ha reclamado en sus vecinos y que ahora se vuelve incómoda cuando viene del principal aliado del establishment colombiano.
El Consejo Gremial y las autoridades electorales pidieron respeto por el resultado del 21 de junio y rechazaron cualquier intento de alterar la voluntad popular por la vía de la amenaza, según Infobae Colombia. Esa solicitud es pertinente: una segunda vuelta define al presidente de la República y al vicepresidente por cuatro años, y su legitimidad depende de que se celebre en condiciones normales y de que el resultado se acate sin condiciones. Lo que la ciudadanía merece en los próximos tres días es información verificable, propuestas concretas y, sobre todo, que los candidatos hablen de lo que harán desde el 7 de agosto, no de lo que dicen del rival.
La campaña se define, como casi siempre, en el último tramo. La diferencia esta vez es que el tramo final parece decidido a resolverse más en el ring de las declaraciones que en el de los programas. Quedan 72 horas para corregirlo.