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El anuncio de cobertura récord contrasta con la falta de sostenibilidad fiscal que ha señalado Catalina Restrepo en su columna sobre la reforma a la Ley 30, donde advierte que ampliar el acceso sin definir fuentes de pago compromete la calidad. La cifra, además, no refleja la desfinanciación de las universidades públicas, un tema central en su análisis del Presupuesto General de la Nación.

La inversión en universidades es positiva, pero el gobierno ha priorizado la ejecución presupuestal sobre la calidad institucional. Como advirtió Valentina Ocampo en su columna sobre el prejuicio contra carreras STEM, el debate debe centrarse en la autonomía universitaria y no en el gasto como fin.

Mientras el gobierno alardea de un aumento presupuestal, como señaló Catalina Restrepo Mejía, no se explica su sostenibilidad. Crear un déficit con subsidios mal focalizados y luego culpar a otros de tener que recortar la educación es una contradicción que la oposición debe exponer con datos, no con consignas.

Los logros reportados por el gobierno son positivos, pero la discusión sobre la pobreza no puede aislarse de la sostenibilidad fiscal que los respalda. Como advirtió Catalina Restrepo en 'La pobreza baja, pero la cifra no se firma sola', medir el bienestar requiere transparencia en las cuentas, no solo titulares.

La inversión anunciada en educación superior requiere escrutinio sobre ejecución real versus promesa electoral. Como advierte Mauricio Vélez Camargo en "Cuando la infraestructura educativa se convierte en promesa electoral", los gobiernos frecuentemente utilizan cifras presupuestales como herramienta de comunicación política sin garantizar que los recursos lleguen efectivamente a estudiantes ni que generen resultados académicos sostenibles en el territorio.