Faltan trece días para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio y la campaña ya opera en un registro que no es el de las propuestas. El lunes 8 de junio, el candidato Gustavo Cepeda publicó en X un comunicado en el que anunció que trasladará a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) información recibida, según sus palabras, “por distintas vías”, sobre un presunto “autoatentado controlado” que se estaría fraguando al interior de la campaña de su rival, Abelardo de la Espriella, con el propósito de incidir en el resultado electoral.
La denuncia, tal como fue formulada, es grave por su contenido y por su emisor. Un candidato presidencial que afirma tener indicios de un montaje de esa naturaleza tiene la obligación legal y política de ponerlos de inmediato en manos de los organismos de investigación, y no de utilizarlos como insumo de una jornada de opinión. Cepeda dice que lo hará. Habrá que verificarlo contra los tiempos reales de la Fiscalía y contra la respuesta que ese organismo dé a una denuncia que, por la altura del cargo en disputa, no puede tramitarse como un parte rutinario.
Hasta ahora, lo conocido es un trino y un anuncio. No hay interceptaciones, no hay fotografías, no hay un expediente público con cadena de custodia. La palabra del denunciante es una pista, no una prueba, y el estándar probatorio en un hecho de esta naturaleza exige mucho más. La Fiscalía deberá establecer, en primer lugar, si la información tiene origen verificable; en segundo lugar, si corresponde a un hecho en curso o a un rumor propagado en el cierre de la campaña; y, en tercer lugar, si hay responsabilidades penales por falso denunciante si la versión resulta inexistente. Cualquiera de las tres conclusiones tiene consecuencias políticas distintas.
Lo más revelador del episodio fue la respuesta de De la Espriella. El candidato de derecha no se limitó a rechazar la acusación. Aseguró que a su propia campaña “ha llegado la misma información”, solo que en sentido contrario, y que decidió no difundirla “por responsabilidad”. La coincidencia retórica entre las dos denuncias no es accidental. En una campaña polarizada, el “autoatentado” opera como un lugar común del descrédito mutuo: ambos se lo atribuyen al adversario sin presentar evidencia, en un ejercicio de espejos invertidos que termina por anular la credibilidad de los dos.
El intercambio tiene un marco que no puede ignorarse. La muerte del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, ocurrida en el ciclo electoral anterior, instaló en la política colombiana la memoria de la violencia política como herramienta de confrontación. Cualquier mención a un atentado, real o simulado, activa ese trauma. La referencia de De la Espriella al reciente homenaje a Uribe Turbay apunta exactamente a ese punto sensible, y la contrapone a la denuncia de Cepeda como una operación de distracción. La discusión dejó de ser jurídica para volverse simbólica, lo cual es legítimo en una campaña pero insuficiente cuando lo que está en juego es la integridad física de los contendientes y la transparencia del proceso.
En la última semana, además, se conoció un mensaje de respaldo del expresidente de Estados Unidos Donald Trump a De la Espriella, que añade una variable externa al cierre de la campaña. No es un dato menor: una elección en la que intervienen pronunciamientos de un jefe de Estado extranjero pierde margen de control interno y aumenta la temperatura política.
Lo que corresponde ahora es procedimiento y no retórica. La Fiscalía debe informar si abrió noticia criminal, si decretó medidas urgentes de verificación y si solicitó acompañamiento de la UNP. La UNP, por su parte, debe pronunciarse sobre si modificó los esquemas de protección de ambos candidatos y de sus fórmulas vicepresidenciales. Y la Registraduría Nacional del Estado Civil tendría que evaluar si el clima de denuncias cruzadas compromete las garantías electorales de la jornada del 21 de junio.
Una denuncia sin verificación pública es, en el mejor de los casos, un llamado de atención; en el peor, una pieza de campaña. Colombia ya pagó el costo de la violencia política en este siglo. La segunda vuelta merece un debate de propuestas y un sistema de investigación que actúe con la misma velocidad con la que se publican trinos.