A menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial, las dos campañas en disputa protagonizaron el 8 de junio un cruce de declaraciones en X sobre un supuesto plan de autoatentado. La sola invocación de un hecho de esa naturaleza obliga a leer lo ocurrido con método: a separar lo que se afirma en redes sociales de lo que consta a las autoridades, y a registrar qué rutas formales se activaron y cuáles no.
Lo publicado en X
El Universal de Cartagena reseñó que el candidato Iván Cepeda difundió en su cuenta de X un comunicado en el que sostuvo haber recibido, “por distintas vías”, información sobre un presunto montaje en la campaña de su contendor para ejecutar un autoatentado controlado con el propósito de incidir en los resultados. Pocos minutos después, el candidato Abelardo de la Espriella respondió por la misma red social manifestando que a su equipo “ha llegado la misma información”, pero en sentido inverso.
El mismo reporte de El Universal consigna un dato central para cualquier lectura posterior: hasta el momento de su publicación, ambos aspirantes no habían presentado pruebas, documentos ni detalles sobre las fuentes que motivaron sus señalamientos. Esa ausencia de soportes es el primer registro que cualquier valoración del episodio debe conservar.
Lo que dicen las autoridades
El Universal, citando fuentes de la Fuerza Pública consultadas por El Tiempo, indica que esas dependencias “no cuentan con información de inteligencia ni reportes que sustenten las denuncias realizadas por ambos aspirantes”. El mismo medio añade que, según conoció, en la más reciente reunión de seguridad, celebrada el jueves previo, el tema “no fue abordado”.
En un contexto en el que la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional intensifican los esquemas de seguridad de los candidatos, la inexistencia de reportes oficiales de inteligencia sobre un hecho de esa magnitud es, como mínimo, un dato que las campañas tienen la carga de explicar.
La ruta que prevé el ordenamiento
El Código de Procedimiento Penal colombiano contempla una ruta específica para hechos de esta naturaleza. La denuncia debe formularse ante la Fiscalía General de la Nación; los elementos materiales probatorios deben entregarse a la Policía Judicial; y, si existen riesgos para la integridad de los involucrados, deben activarse los protocolos del Ministerio del Interior y de la UNP. Conforme al reporte de El Universal, ninguno de esos pasos aparece acreditado hasta ahora.
La pregunta que el electorado puede hacerse es directa: si la información invocada por las dos campañas fuera veraz, ¿por qué no se puso de inmediato en conocimiento de la Fiscalía y de los organismos de seguridad, en lugar de circular únicamente por una red social?
Una pauta que se repite
La secuencia se inscribe en un patrón conocido de las contiendas cerradas: en la recta final, los cruces de declaraciones suelen desplazar al debate de propuestas. Los dos comunicados, leídos en conjunto, presentan una estructura retórica simétrica. Uno dice que “se le ha hecho saber” algo; el otro afirma haber recibido “la misma información”. Cuando dos campañas invocan inteligencia sobre un delito grave y eligen el terreno de la opinión pública en lugar del de la justicia, el costo lo asume la conversación nacional: se erosiona la credibilidad de las denuncias serias cuando estas lleguen de verdad.
El peso de la palabra en campaña
Colombia arrastra una historia reciente de violencia política con víctimas que la ciudadanía todavía recuerda. La sola invocación de un autoatentado activa una alarma social proporcional, y esa alarma no es un recurso neutro. Difundirla sin respaldo probatorio, en plena campaña, compromete un bien público escaso: la confianza ciudadana en las urnas y en las instituciones que custodian el proceso.
Lo que corresponde
El estándar exigible es claro. Quienes dispongan de información veraz sobre un hecho punible deben ponerla de inmediato en manos de la Fiscalía y de la Fuerza Pública, y permitir que las autoridades competentes la verifiquen por los canales legales. Quienes carezcan de esa información, están obligados a una rectificación pública con la misma difusión que tuvo la denuncia original. Las dos campañas tienen la palabra. Si el sistema judicial llega a intervenir, merece respeto y seriedad institucional.