A cinco días de la segunda vuelta, la campaña presidencial volvió a quedar atrapada en el terreno que más le conviene a quien no quiere debater: el de los rumores. El senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, presentó el 16 de junio un certificado médico firmado por el oncólogo clínico Leonardo Rojas para desmontar los mensajes que circulan en redes y grupos afines a su contendor, en los que se afirma que “no está bien de salud y no puede ni caminar”.
El documento, difundido por el propio Cepeda, reconoce antecedentes de cáncer de colon tratados con cirugía y quimioterapia, así como una recaída posterior. Desde 2022, según el certificado, el paciente se encuentra en seguimiento oncológico exclusivo y los controles clínicos, de laboratorio y de imagen no han evidenciado nuevas recaídas ni complicaciones. Es decir, la información médica existe, es verificable y fue entregada por el interesado a la opinión pública.
Lo que no queda verificado, al menos por ahora, es la autoría de los contenidos que el candidato atribuye a la campaña de Abelardo de la Espriella. Cepeda sostuvo, en una rueda de prensa desde la sede del Pacto Histórico en Bogotá, que se trata de “mensajes de carácter calumnioso, falaz y tendencioso”, algunos de ellos elaborados con inteligencia artificial, en los que aparecería haciendo afirmaciones que no comparte o vinculado a escándalos sin respaldo. Anunció que el material será incorporado a las acciones legales que adelantará un equipo jurídico encabezado por el abogado Miguel Ángel del Río.
La denuncia agrega un elemento sensible: según el candidato, en distintos grupos digitales se habrían promovido mensajes orientados a vincularlo con organizaciones al margen de la ley. La afirmación es grave y, por lo mismo, requiere prueba. Hasta que la justicia o los organismos de control se pronuncien, corresponde tratarla como lo que es: una acusación formulada por una de las partes en disputa.
Hay un segundo punto que merece atención y que va más allá del certificado. Cepeda acusó a De la Espriella de haberse “escondido detrás de su fórmula” para evitar los debates en canales nacionales, pese a las invitaciones de distintos medios. Si esa versión se confirma, el elector estaría ante una campaña que rehúye el contraste público en la semana más decisiva del calendario. La opacidad no es patrimonio de un solo bando, pero en la recta final la responsabilidad de quien lidera las encuestas es mayor, no menor.
El episodio, en todo caso, deja una lección de método. En una elección definida por décimas, los rumores sobre la salud de un candidato no pueden sustituir al debate sobre las propuestas. Tampoco pueden sustituirlo los videos manipulados con inteligencia artificial que circulan sin firma ni autor identificable. La herramienta para distinguirlos existe y se llama trazabilidad: quién pagó el contenido, en qué plataforma se difundió y bajo qué contrato. La campaña de De la Espriella, según reportó Cambio, ya enfrenta cuestionamientos por pagos por 1.299 millones de pesos a una empresa que estaría en proceso de verificación. Esa línea de investigación, y no los certificados médicos, es la que puede aclarar qué hay de cierto en la denuncia de Cepeda.
Faltan días para el 21 de junio. Lo que esté en juego no es el estado de salud de un candidato, que ya fue documentado, sino la integridad del proceso. Y esa se defiende con debates, no con cadenas de WhatsApp.