El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció desde Barranquilla, en una cumbre con alcaldes, secretarios de Seguridad y altos mandos, la designación del general retirado Alejandro Barrera como director de la Policía Nacional y del general retirado Norberto Mujica como subdirector de la institución. La toma de posesión está prevista para el próximo viernes 7 de agosto, según reportó El Frente.
La decisión se conoce antes de que De la Espriella haya asumido formalmente el cargo. El artículo de El Frente describe una “estrategia de seguridad” articulada en cinco ejes: coordinación institucional, inteligencia, tecnología, presencia permanente de la Fuerza Pública y capacidad operativa en zonas urbanas y rurales. El anuncio incluye, además, que la subdirección de la Policía funcionará desde Barranquilla, en lo que el texto califica como una política de “descentralización del manejo de la seguridad”.
Hay varios elementos que conviene revisar con cuidado.
Primero, los nombres. Barrera y Mujica son generales en retiro. La hoja de vida de cada uno — unidades comandadas, resultados operativos, controversias disciplinarias o penales, si las hubo — no aparece en la nota de El Frente. Un columnista responsable no puede aplaudir ni cuestionar designaciones sobre las cuales no se conoce el expediente. La Policía Nacional es una institución de 180.000 uniformados aproximadamente; quien la dirija requiere legitimidad técnica, no solo respaldo político.
Segundo, el método. Anunciar la cúpula policial en una cumbre con alcaldes y secretarios de Seguridad, antes de posesionarse, es una decisión de alto riesgo político. Si los designados no pasan el filtro de la hoja de vida pública, el gobierno arranca con una crisis de credibilidad. Si lo pasan, el procedimiento sigue siendo irregular: las cabezas de la Fuerza Pública se nombran por decreto, con firma presidencial, y se comunican al país desde la Casa de Nariño, no desde un hotel de Barranquilla.
Tercero, la “descentralización”. Mover la subdirección de la Policía a Barranquilla no es descentralización: es reubicación de una dependencia dentro de la estructura centralizada. La descentralización real implica transferencia de competencias a entidades territoriales, no cambio de sede. Conviene leer el anuncio con esa precisión.
Cuarto, el lenguaje. La nota recoge frases como “rechazo a la normalización de la extorsión” y “cero tolerancia frente a organizaciones criminales”. Son formulaciones que suenan bien en un discurso de campaña y que, en la práctica, requieren indicadores verificables: tasas de homicidio, extorsión, secuestro, control territorial efectivo. Esos indicadores se publican semestralmente;，届时 se podrá evaluar si la estrategia redujo los delitos o solo los titulares.
Quinto, el calendario. Entre el anuncio y la posesión median dos días. Es un plazo insuficiente para que el equipo de transición verifique antecedentes, conflictos de interés y posibles investigaciones abiertas en la Fiscalía o la Procuraduría. La prudencia mínima exigiría que las designaciones se comunicaran después de posesionado, no antes.
La Bitácora defenderá al gobierno de De la Espriella cuando acierte y lo criticará cuando se equivoque, sin distingos. Anunciar cúpula militar antes de asumir es, por ahora, un procedimiento que merece explicación pública.