Abelardo de la Espriella cerró su campaña presidencial en la Plaza de Toros de La Macarena con un despliegue escénico de proporciones considerables: cinco pantallas LED, pirotecnia, artistas urbanos y una puesta en escena diseñada para maximizar impacto emocional. El evento congregó simpatizantes del movimiento Creemos y contó con la participación de su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda.
Lo relevante no es la producción, sino el contenido de las promesas formuladas. De la Espriella enunció tres compromisos específicos de política pública que merecen análisis: la eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la declaratoria de “objetivo militar” contra jefes de bandas criminales, y referencias críticas al nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de Salud.
Respecto a la JEP, el candidato afirmó que “acabaría con el invento” sin especificar qué mecanismo legal utilizaría. La JEP existe por mandato del Acto Legislativo 01 de 2017, incorporado a la Constitución Política. Su eliminación requeriría un nuevo acto legislativo con supermayoría en ambas cámaras del Congreso. De la Espriella no explicó cómo lograría ese consenso parlamentario ni qué haría con los casos ya en trámite. Tampoco aclaró si buscaría reformar el tribunal o abolirlo completamente, distintas operaciones jurídicas con implicaciones diferentes para la justicia transicional.
La propuesta de declarar “objetivo militar” a líderes criminales presenta problemas de definición legal. En el derecho internacional humanitario, la categoría de “objetivo militar” aplica a combatientes en conflictos armados internacionales o no internacionales. Colombia no está en guerra formal con organizaciones criminales; está en confrontación con grupos delictivos bajo jurisdicción ordinaria. Especialistas en derecho internacional humanitario han señalado que tal categorización de civiles o delincuentes violaría los protocolos de Ginebra. El candidato no aclaró si proponía una reforma legal que redefiniera esa categoría o si simplemente usaba la expresión como símbolo de mano dura.
Sobre Daniel Quintero, Restrepo afirmó que “nunca jamás nombraríamos como superintendente de Salud a un imputado”. Quintero enfrenta imputación en investigación por la Fiscalía. La Constitución Política no prohíbe que personas imputadas ocupen cargos públicos; solo la condena en sentencia ejecutoriada genera inhabilidades constitucionales. Si De la Espriella propone una reforma constitucional que vete a imputados, debe decirlo explícitamente. Si solo critica la decisión del gobierno actual, es un juicio político legítimo, pero no una propuesta institucional con rango de ley.
Durante el evento, según reportó El Colombiano, De la Espriella afirmó que “según información de inteligencia” existían planes para “incendiar el país antes de las elecciones”. El candidato no ofreció detalles, no identificó públicamente sus fuentes de inteligencia ni proporcionó evidencia verificable que permitiera a la ciudadanía examinar tales aseveraciones. Cuando un candidato hace afirmaciones de esa envergadura sobre intenciones de otros actores políticos, la práctica democrática exige que se abra el expediente a escrutinio público o, al menos, que se identifiquen las fuentes de manera que terceros puedan evaluar su credibilidad.
Lo que caracterizó el cierre de campaña fue la apelación emocional sobre la precisión normativa. De la Espriella utilizó símbolos patrios, referencias a magnicidios históricos, lenguaje militar y religioso, y una coreografía diseñada para generar identificación tribal con su electorado. Eso es legítimo en política electoral. Pero cuando anuncia reformas constitucionales o cambios en la estructura de justicia, la ciudadanía merece saber exactamente qué propone, no solo qué rechaza.
Un candidato que lidera en encuestas tiene la obligación de traducir sus consignas en proyectos de ley, en reformas constitucionales concretas, en presupuestos. “Acabar con la JEP” no es un programa; es un eslogan. “Declarar objetivo militar” a criminales es una frase que suena dura pero carece de definición legal. La campaña política puede vivir de símbolos. La gobernanza no.
Cuando un candidato propone cambios en la arquitectura institucional del Estado, la precisión no es un detalle técnico: es una obligación democrática. Los votantes necesitan saber si una propuesta requiere reforma constitucional, qué votos necesita, cómo se financiaría, qué consecuencias legales tendría. De la Espriella ofreció consignas. La democracia exige más.