El Tribunal Superior de Bogotá decretó una medida cautelar que obliga al candidato presidencial Abelardo De La Espriella, a su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo y al grupo significativo de ciudadanos ‘Defensores de la Patria’ a retirar, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación, toda la pieza de campaña divulgada en su página web, en medios de comunicación masiva y en redes sociales en la que aparezcan la bandera, el escudo, demás figuras representativas de la Nación, imágenes alusivas a las instituciones militares y policiales, saludos y emblemas castrenses, así como las frases ‘firmes por la patria’ y ‘Defensores de la Patria’.
La decisión, adoptada por el magistrado Rafael Albeiro Chavarro, resolvió la acción de tutela presentada por el ciudadano Dylan Lizarazo Ramos. Como reportó Cambio, Lizarazo advirtió que esa utilización de símbolos patrios comprometía su derecho fundamental a la libertad electoral. La providencia se profiere como medida provisional, antes del estudio de fondo del recurso, con fundamento en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991.
La discusión que sobreviene es estrictamente constitucional y legal. El artículo 20 de la Constitución consagra la libertad de expresión. El artículo 25 de la Ley 130 de 1994 prohíbe en los espacios de propaganda electoral ’la utilización de imágenes alusivas a la bandera, el escudo o demás símbolos patrios’. A esa restricción se suma el artículo 32 de la Ley 1861 de 2017, que regula el uso de uniformes e insignias de la fuerza pública. La sentencia de fondo deberá establecer si esos límites son compatibles con el derecho del elector a recibir información veraz y con la libertad del candidato a identificarse políticamente.
La orden, sin embargo, plantea interrogantes prácticos de cumplimiento. El auto alcanza a ’las demás personas y entidades vinculadas’, lo que podría cobijar a simpatizantes, cuentas oficiales de la campaña y operadores de publicidad digital. A 24 horas del plazo fijado, el cumplimiento exigirá trazabilidad de cada publicación y de cada pauta contratada en plataformas como Meta, X, TikTok y Google. El incumplimiento configuraría desacato, sancionable con arresto y multa conforme a los artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991.
Desde la óptica institucional, conviene leer el fallo con prudencia. En un año electoral, las medidas cautelares en tutelas contra campañas son cada vez más recurrentes, en buena parte porque la jurisprudencia constitucional ha sido restrictiva con la apropiación de símbolos del Estado con fines proselitistas. El Consejo Nacional Electoral también ha expedido circulares reiterando la prohibición, aunque su capacidad de fiscalización en redes sociales sigue siendo limitada. Por eso, la actuación temprana del Tribunal resulta relevante: desplaza la controversia del terreno disciplinario administrativo al terreno de los derechos fundamentales.
Quedan dos tareas pendientes. La primera, que la sentencia de fondo delimite con precisión el alcance de la prohibición sobre las frases ‘firmes por la patria’ y ‘Defensores de la Patria’, denominaciones políticas más que símbolos de Estado en sentido estricto. La segunda, que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría informen si la campaña inscribió su propaganda en el tarjetón nacional o territorial, donde rigen reglas adicionales del Estatuto de la Oposición y de la Ley 1475 de 2011.
Por ahora, la propaganda del autodenominado Tigre deberá abandonar la simbología que invocaba mientras el Tribunal resuelve la tutela de fondo.