¿Dónde termina la tutela de los símbolos nacionales y dónde comienza la censura de un mensaje político? La pregunta, que parecía retórica hasta hace pocos días, adquirió cuerpo jurídico este martes cuando el Tribunal Superior de Bogotá ordenó retirar de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella expresiones como “Firmes por la Patria” y los distintivos de su movimiento “Defensores de la Patria”. La medida cautelar, dictada por el magistrado Rafael Albeiro Chavarro Poveda, no solo suspende el uso de la bandera colombiana en su publicidad: prohíbe, mutatis mutandis, la identidad verbal misma del candidato.
La defensa de De la Espriella, encabezada por el abogado Germán Calderón España, respondió con una acción de tutela contra la decisión y anunció denuncias penales y disciplinarias contra el magistrado. Calderón calificó el fallo de “adefesio jurídico” y advirtió que vulnera derechos fundamentales de participación política y libertad de expresión. La tensión es evidente: un ciudadano, Carlos Alberto Rodríguez Posada, invocó la protección de los símbolos patrios; el candidato, por su parte, invoca la protección de sus derechos políticos. Entre ambas posiciones se juega algo más que una contienda electoral: se juega el sentido mismo de la res publica en una democracia representativa.
Este no es el primer revés judicial para De la Espriella. Días antes, otro juez le había prohibido utilizar la camiseta oficial de la Selección Colombia en sus actividades de campaña, argumentando que los emblemas deportivos nacionales no deben asociarse a proyectos electorales específicos. La seguidilla de decisiones plantea una pregunta incómoda: ¿estamos ante una necesaria tutela de la neutralidad electoral, o ante una progresiva judicialización del discurso político que termina por vaciar de contenido la competencia democrática?
Hannah Arendt, en su análisis del totalitarismo, alertaba sobre los regímenes que monopolizan los símbolos de la nación para excluir a los disidentes. Pero el problema inverso también merece atención: cuando el Estado, a través de la judicatura, determina qué palabras pueden usarse para nominar el amor a la patria, está configurando un espacio público donde la política se reduce a lo técnicamente permitido. El cordobés ha construido su narrativa —con más o menos fortuna retórica, con más o menos sustancia programática— en torno a conceptos de patriotismo, institucionalidad y valores nacionales. Prohibirle la palabra “patria” no es neutro: es una decisión política disfrazada de técnica jurídica, aunque provenga de la mejor intención de equidad.
No estoy, permítaseme la ironía, “firmes” con De la Espriella. Su estilo combinatorio de derecha identitaria y populismo judicial tiene antecedentes poco edificantes en la política colombiana. Pero la defensa de la institucionalidad que este medio propugna exige ser consecuente: los jueces no pueden convertirse en editores de campaña. La equidad electoral, principio constitucional indudable, debe instrumentarse sin desproporción. ¿Es razonable prohibir la bandera en un país donde cada candidato, de izquierda a derecha, la ondea en tarimas y volantes? ¿Dónde quedó la igualdad de restricción cuando otros movimientos políticos han construido identidades similares sin interferencia judicial?
La respuesta provisional de la justicia será, como es habitual, lenta y contradictoria. Mientras tanto, la tutela interpuesta por Calderón España obliga a reflexionar sobre el papel del Tribunal Superior en una contienda que apenas comienza. Karl Popper, a quien cito sin exhibicionismo pero con necesidad argumentativa, distinguía entre la sociedad abierta y sus enemigos. Una sociedad abierta no tema las palabras de sus políticos: las somete al escrutinio público, no al veto judicial.
El cierre de este episodio dependerá de instancias superiores. Pero la pregunta que deja la medida cautelar permanece: si un juez puede prohibir “Firmes por la Patria”, ¿qué eslóganes quedan disponibles para quienes no comulguen con el sentido común judicial del momento? La democracia, decía Tocqueville, vive del ejercicio constante de la libertad más que de su protección excesiva. En esa tensión —y no en la fácil resolución autoritaria de cualquier extremo— seguiremos pensando los martes, jueves y domingos.