Hay preguntas que parecen menores y resultan fundacionales. Una de ellas acaba de plantearla, quizá sin proponérselo, el presidente electo Abelardo de la Espriella, al presentar en Medellín una versión del Himno Nacional en la que fragmentos de la letra oficial fueron reemplazados por consignas de su propia campaña. La pregunta no es si la pieza resulta agradable al oído ni si el gesto entusiasma a sus seguidores. La pregunta es más antigua y más seria: ¿puede un gobernante, por legítimo que sea su mandato electoral, apropiarse de los símbolos que pertenecen a todos y reescribirlos a su imagen?
La respuesta jurídica es, por una vez, la parte sencilla. La letra y la música del himno fueron adoptadas por la Ley 33 de 1920, su uso fue reglamentado por la Ley 12 de 1984 —que incluso prevé sanciones para el uso indebido o irrespetuoso de la canción patria— y su carácter histórico recibió protección constitucional en la Sentencia C-469 de 1997. El consenso de los juristas consultados es claro: cualquier modificación sustancial exigiría una reforma legal tramitada ante el Congreso, y la versión alterada no podría entonarse en actos oficiales, empezando por la posesión del próximo 7 de agosto. El presidente electo, que es abogado de profesión y hombre de litigio por vocación, conoce mejor que nadie el valor de una norma. Sería paradojal que su primer acto de gobierno naciera de una infracción.
Pero conviene ser justos antes que severos. No hay en este episodio, hasta donde alcanza la información pública, una violación consumada: la pieza se presentó en un evento del CAF, no en una ceremonia de Estado, y ninguna autoridad judicial se ha pronunciado todavía. Tampoco es De la Espriella el primer político colombiano que coquetea con los símbolos patrios para fines electorales; de hecho, un tribunal ya le había ordenado en junio retirar publicidad que los utilizaba, antecedente que sugiere una inclinación y no un accidente. La prudencia obliga entonces a formular la crítica en el plano correcto: no el penal ni el disciplinario, sino el político y el cultural.
Y es en ese plano donde el asunto se vuelve interesante. Los símbolos patrios cumplen en una república la función que Tocqueville atribuía a las costumbres: sostener lo que las leyes por sí solas no pueden sostener. El himno no es un texto entre otros; es el poema que Rafael Núñez escribió en 1850 para celebrar la independencia de Cartagena y que Orestes Síndici musicó en 1887, cuando el país intentaba salir de décadas de guerras civiles. Que once estrofas escritas por un expresidente y musicadas por un inmigrante italiano hayan sobrevivido a todos los regímenes, a todas las constituciones y a todos los caudillos del siglo y medio siguiente, dice algo esencial: el himno pertenece a la continuidad de la nación, no a la coyuntura de quien la gobierna. Quien lo modifica para su campaña confunde la res publica con la marca personal, el patrimonio común con el activo publicitario.
La historia ofrece advertencias que no conviene exagerar pero tampoco ignorar. Los regímenes que Hannah Arendt estudió no comenzaron abollando las constituciones; comenzaron colonizando los símbolos, fundiendo la voz del Estado con la voz del líder, hasta que distinguir entre ambos se volvió un acto de deslealtad. Colombia no está en ese camino y sería deshonesto sugerirlo por una canción. Pero la dirección del gesto importa: un mandatario que llega al poder con fuerte investidura personal haría bien en demostrar, desde los actos pequeños, que entiende la diferencia entre presidir la república y personificarla. La institucionalidad no se defiende solo en las cortes; se defiende también en la ceremonia, en el protocolo, en la renuncia voluntaria a personalizar lo que es de todos.
Cabe decir, en equidad, que la emoción que despierta un himno rehecho en las multitudes no es ilegítima, y que la política colombiana ha sido durante décadas demasiado fría con el lenguaje de los afectos. El error no es querer emocionar; el error es creer que la emoción autoriza la apropiación. Si el presidente electo quiere un himno distinto, la Constitución le señala el camino: proponerlo al Congreso, debatirlo en público, someterlo a la deliberación de los representantes de los colombianos. Ese trámite, lento y tedioso, es precisamente lo que separa a una república de un escenario.
El 7 de agosto, cuando De la Espriella jure ante el Congreso, sonará el himno de siempre o sonará otra cosa. En esa elección aparentemente menor se anunciará algo mayor: si el nuevo gobierno entiende que el poder que recibe es un depósito administrado bajo reglas, o si lo entiende como un lienzo en blanco. Los pueblos no pierden sus instituciones el día en que alguien las derriba; las pierden el día en que dejan de notar que alguien las está reescribiendo.