Mientras las autoridades electorales peruanas escrutan los votos de las zonas rurales que terminan de definir la ventaja entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, en Bogotá y en las capitales andinas se contiene el aliento. El país vecino está a las puertas de elegir a su noveno presidente en apenas una década. Esta cifra, más que un dato de trivia política, es el síntoma más agudo de una enfermedad institucional que amenaza con desbordar las fronteras peruanas y alterar el equilibrio de toda la región.
La paradoja macroeconómica y el colapso partidista
Durante años, el Perú fue el ejemplo de manual que los analistas de riesgo político y los organismos multilaterales, como el Banco Mundial, utilizaban para ilustrar la resiliencia de las instituciones técnicas frente al caos político. La autonomía de su banco central y sus reglas fiscales permitieron que la economía creciera a pesar de las sucesivas crisis de gobernabilidad. Sin embargo, esa resiliencia tiene un límite. La fragmentación del Congreso y la ausencia de partidos programáticos han convertido la presidencia en una silla eléctrica.
Hoy, la contienda refleja la polarización de un electorado agotado. Por un lado, Roberto Sánchez encarna a una izquierda sindicalista y estatista, cercana a las retóricas que en Colombia conocemos de sobra y que suelen coquetear con el control de precios y la intervención en sectores estratégicos. Por el otro, Keiko Fujimori representa a una derecha tradicional que, pese a su defensa del libre mercado, no ha logrado construir los puentes políticos necesarios para garantizar la gobernabilidad, arrastrando el lastre de sus propias investigaciones judiciales y el rechazo visceral de amplios sectores urbanos.
El impacto directo en la Alianza del Pacífico y los mercados
Para Colombia, lo que suceda en Lima no es un asunto de política exterior lejana; es un tema de seguridad económica y hemisférica. El Perú es un socio fundamental en la atracción de inversión extranjera directa hacia el eje andino y un mercado crucial para nuestras exportaciones no minero-energéticas. Si la balanza se inclina hacia un modelo que priorice el populismo económico sobre la seguridad jurídica, la Alianza del Pacífico perderá a su motor más dinámico. Los mercados financieros, que suelen castigar la incertidumbre con primas de riesgo más altas, ya han empezado a reflejar esta tensión en los bonos soberanos peruanos.
La cooperación en seguridad bilateral también está en juego. Las rutas del narcotráfico que se articulan en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) y en la porosa frontera norte peruana requieren una fuerza pública profesional y un Estado con presencia territorial. Un gobierno peruano debilitado por la pugna constante con el Legislativo, o uno que intente instrumentalizar las instituciones para perseguir adversarios políticos, es el caldo de cultivo perfecto para que las economías criminales expandan su influencia, un fenómeno que ya hemos visto detonar la seguridad en el vecino Ecuador.
La lección para el institucionalismo regional
Desde una perspectiva atlantista y defensora del Estado de derecho, el caso peruano nos obliga a una reflexión incómoda. Organizaciones como Freedom House han documentado el deterioro sostenido de la democracia peruana, no por la llegada de un caudillo autoritario al estilo nicaragüense, sino por la implosión de su propio sistema de contrapesos. La separación de poderes, cuando se usa como un arma de destrucción mutua entre el Ejecutivo y el Congreso, termina por demoler la confianza ciudadana en la democracia liberal.
Colombia, con sus propias tensiones entre el Gobierno actual y las instituciones de control, debe mirar al sur con atención. La no intervención que tanto invocan algunos regímenes para escudar sus abusos no puede aplicarse cuando la inestabilidad de un socio comercial estratégico compromete el bienestar de millones. Necesitamos un Perú estable, con un mercado abierto y reglas claras. El noveno presidente tendrá la ingente tarea de demostrar que la democracia representativa aún puede entregar resultados tangibles, antes de que el electorado decida que el sistema entero merece ser descartado.