Mientras los centros de cómputo en Lima procesan lentamente las actas provenientes de las provincias más remotas, el destino político del Perú pende de un hilo. La reñida disputa entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez no es solo un ejercicio de aritmética electoral; es el síntoma más reciente de una enfermedad crónica que aqueja a nuestra región. Que el país andino esté a las puertas de designar a su noveno jefe de Estado en una década debería encender todas las alarmas en los despachos de política exterior en Bogotá.
Para Colombia, el Perú no es un vecino cualquiera. Es un pilar fundamental de la Alianza del Pacífico y un mercado esencial para la integración comercial hemisférica. Sin embargo, la desconexión entre la solidez macroeconómica de Lima y su ruina política es un caso de estudio sobre cómo la falta de Estado de derecho y la ausencia de partidos programáticos terminan asfixiando el potencial de una nación.
La brecha entre el mercado y la calle
Los organismos multilaterales han sido claros al respecto. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha elogiado en repetidas ocasiones la ortodoxia del Banco Central de Reserva del Perú y su manejo fiscal. No obstante, los mismos informes de riesgo país advierten que la inversión extranjera directa se frena cuando las reglas de juego institucionales cambian con cada crisis de vacancia o censura ministerial. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha documentado cómo la inestabilidad política en los países andinos encarece el costo del capital y posterga proyectos de infraestructura vitales para la competitividad regional.
El cierre de la brecha electoral a favor de las opciones que capitalizan el descontento de las zonas rurales refleja una realidad que en Colombia conocemos de sobra: la capital empresarial y moderna le ha dado la espalda al interior profundo. Cuando el Estado es incapaz de proveer servicios básicos, seguridad y justicia en la periferia, el terreno queda abonado para el populismo. Ya sea de derecha o de izquierda, la tentación de refundar el país mediante asambleas constituyentes o decretos de emergencia es el mismo camino hacia el deterioro institucional que hemos visto en otras latitudes.
El impacto en el eje andino
Desde una perspectiva atlantista y de libre comercio, la prioridad de Colombia debe ser la preservación de la predictibilidad en su flanco sur. La cooperación en seguridad, la lucha contra el crimen organizado transnacional y la coordinación frente a la crisis migratoria venezolana requieren contrapartes funcionales. Un Perú sumido en la ingobernabilidad o capturado por facciones que instrumentalizan el aparato estatal para perseguir adversarios debilita a todo el bloque democrático frente a la influencia de regímenes autoritarios en el hemisferio.
En el tablero geopolítico, el eje Bogotá-Washington-Brasilia necesita de un Lima estable para proyectar influencia y asegurar cadenas de suministro críticas. El Perú es un actor global en la exportación de cobre y un proveedor clave de insumos agrícolas. Cualquier interrupción en sus puertos o en sus corredores logísticos por convulsiones sociales genera ondas expansivas que encarecen los costos para la industria colombiana y alteran los mercados internacionales. La administración en Estados Unidos observa con preocupación cómo la inestabilidad andina puede abrir espacios para capitales que no exigen transparencia ni respeto por los derechos laborales y ambientales.
Las organizaciones de vigilancia democrática, como Freedom House, han señalado el preocupante declive en la confianza ciudadana hacia las instituciones peruanas, desde el Congreso hasta el sistema de justicia. Esta desafección es el caldo de cultivo perfecto para liderazgos mesiánicos que prometen mano dura a cambio de libertades civiles.
Quien resulte vencedor en este conteo voto a voto heredará un país con reservas internacionales robustas, pero con el tejido social desgarrado. Para Bogotá, la lección es doble. Primero, la necesidad de blindar nuestras propias instituciones de la polarización tóxica que hoy paraliza al vecino. Segundo, la urgencia de fortalecer los mecanismos de la Alianza del Pacífico no solo como un acuerdo arancelario, sino como un club de democracia y mercado que exija estándares mínimos de gobernabilidad a sus miembros. La estabilidad del Perú es, en última instancia, una condición necesaria para la prosperidad de toda la región andina.