A once días de la segunda vuelta presidencial, la campaña de Abelardo de la Espriella convirtió una decisión judicial en un acto de movilización. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó, como medida provisional, retirar de su propaganda los símbolos patrios y la frase “Firmes por la patria”. La reacción del candidato y de su equipo fue desobedecer la orden, presentarla como censura y convocar a sus seguidores a replicar la indumentaria y el eslogan en redes y en plazas públicas.
El episodio es revelador por lo que muestra del estado de la derecha que lidera la primera vuelta. En lugar de discutir la resolución en sede judicial —el propio De la Espriella anunció una tutela contra el magistrado—, la campaña eligió la vía del espectáculo: tarima, camiseta de la selección Colombia, himno y un llamado explícito a “ser parte de este movimiento libertario”. El gerente nacional de regiones, Jaime Andrés Beltrán, lo dijo sin rodeos desde Cartagena: “nos están prohibiendo hacer campaña”.
La concentración de poder simbólico en una sola candidatura no es accidental. Se trata de una estrategia que apuesta a la apropiación exclusiva de la bandera, el himno y la selección como patrimonio de un sector político. Cuando una campaña decide que los símbolos de la Nación le pertenecen, deja afuera a millones de colombianos que también se reconocen en ellos. La bandera no tiene color político, como recordó la senadora electa María Claudia Posada, y reducirla a la marca de un candidato deteriora el lenguaje cívico que debería sostenerse en una segunda vuelta.
En el otro extremo, la respuesta de sectores cercanos a Iván Cepeda tampoco ha estado a la altura. El exministro Luis Eduardo Garzón anunció su respaldo con el argumento conocido —“Cepeda es garantía de acuerdo, austeridad y defensa de los derechos humanos”—, pero el Congreso de su propio Pacto Histórico rechazó las acusaciones lanzadas por la campaña sobre un presunto estallido social en Cali y comprometió respetar el resultado del 21 de junio. Esa es la regla básica de toda elección: aceptar el veredicto, gane o pierda.
Dos hechos preocupan por encima del ruido electoral. El primero es el episodio del escolta armado en la sede de campaña de Teusaquillo, confirmado por el presidente Gustavo Petro y derivado a la Fiscalía. En época electoral el porte de armas para la ciudadanía está prohibido, y la investigación debe avanzar sin privilegios. El segundo es el debate que no se hace: Cepeda rechazó incluir a las fórmulas vicepresidenciales en el cara a cara, una posición defendida por su compromisario Gabriel Becerra con el argumento de que las definiciones sobre quién conduce el Estado competen a los candidatos presidenciales. De la Espriella respondió con la contraoferta de un formato ampliado. Lo cierto es que el país lleva semanas sin escuchar una sola propuesta confrontada con datos.
Como reportó Infobae, la Registraduría ya envía los kits electorales al exterior y la Red de Veedurías presentó queja contra el magistrado que prohibió los símbolos patrios. Mientras tanto, la campaña de la camiseta y la bandera continúa. La justicia resolverá, en sus términos, si la orden provisional se ajusta a derecho. La política, en cambio, tiene su propio tribunal: las urnas del 21 de junio. Y a ese tribunal no se llega con símbolos ajenos ni con decretos de adhesión, sino con ideas propias y capacidad de convencer al contradictor.