La presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara, Gloria Arizabaleta, firmó una proposición para suspender provisionalmente al presidente Gustavo Petro por la presunta participación indebida en política. Según reportó La Opinión de Cúcuta, la separación regiría hasta el 21 de junio a las 4:00 p.m., coincidente con el cierre de la jornada electoral.
El hecho, en sí mismo, es de manual constitucional: la Ley 1881 de 2018 y el reglamento del Congreso facultan a la Comisión —y no a un juez ordinario— para investigar y sancionar disciplinariamente al Presidente. La participación en política está prohibida expresamente para servidores públicos en el artículo 127 de la Constitución, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que los mandatarios no son la excepción.
El problema es el cuándo y el cómo. Una medida provisional de esta naturaleza, dictada en plena semana de elecciones, no se analiza en el vacío: se analiza en un país donde la Comisión de Acusación acumula más de una década investigando quejas contra expresidentes sin que casi ninguna haya terminado en sanción. Su historial reciente la condena: laxo cuando el investigado es afín, riguroso cuando es adverso. Esa es, justamente, la crítica que el propio Gobierno ha utilizado en otras ocasiones contra esa célula legislativa.
Aun así, la decisión no puede despacharse como un gesto simbólico. Separar al Jefe de Estado de sus funciones, aunque sea por diez días, activa el protocolo de asunción temporal del vicepresidente y obliga al país a gobernarse con un mando debilitado en la última recta previa a las urnas. La Registraduría y los organismos de control electoral quedan, de hecho, funcionando con un Ejecutivo suspendido. Esa sola variable debería obligar a la Comisión a sustentar la providencia con un expediente público, no con un comunicado.
La presunción de inocencia aplica —y este medio lo reitera—. Pero también aplica la presunción de constitucionalidad de los actos del legislador. Lo que está en juego no es si Petro incurrió o no en la conducta endilgada: eso lo deberá establecer el procedimiento. Lo que se juega es la credibilidad de una comisión que lleva años percibida como caja de resonancia de los ciclos electorales y no como órgano técnico de juzgamiento.
Si la Comisión quiere que esta decisión se lea como institucional y no como retaliación política, el camino es uno: publicar la resolución completa con los hechos probados sumariamente, los fundamentos jurídicos y los votos disidentes si los hubo. Sin ese insumo, la ciudadanía —y los mercados— quedarán con la sensación de que se cambió un día de gobierno legítimo por un día de mensaje político.
La periodista Catalina Restrepo Mejía cubre desde Medellín la relación entre Congreso, justicia y contratación pública.