El 7 de agosto de 2026, Abelardo De La Espriella recibirá una administración con tres expedientes contractuales abiertos que pueden definir el primer año de su gobierno: la contratación energética de la Costa Atlántica, el sistema de salud y las vías terciarias. A ese inventario se suma un problema de fondo que ninguno de los candidatos discutió en campaña: el Secop II funciona, en la práctica, como un repositorio de documentos escaneados. Quien llegue a la Casa de Nariño tendrá que decidir si moderniza la plataforma o si vuelve a perder el ciclo.
Las cifras que dejó el gobierno de Gustavo Petro en materia contractual son elocuentes. La UNGRD, Thomas Greg & Sons, los retrasos del Invías y de la ANI ocupan ya un lugar estable en las notas de prensa y en los despachos de la Fiscalía. No se trata solo de casos aislados: responden a un patrón documentado por la Contraloría y la Procuraduría, con hallazgos repetidos en vigencias sucesivas sobre estudios previos incompletos, pliegos con requisitos sobredimensionados y evaluaciones sujetas al criterio discrecional de los comités.
En entrevista con Portafolio, el abogado Freddy Pautt, magíster en Contratación Estatal por la Universidad Antonio Nebrija, formuló un diagnóstico que conviene tomar en serio: la capacidad de verificación de la documentación previa en los procesos de convocatoria es deficiente, y esa deficiencia se traduce en menor dinamismo en la selección y en ofertas que no siempre son las mejores. El experto añadió que el sistema actual permite que las evaluaciones de los pliegos y la elección del oferente sean fácilmente manipulables, y que las fallas del gobierno saliente habrían consistido en la falta de controles efectivos sobre esa elección. La conclusión operativa de Pautt es directa: la reforma estructural que Colombia necesita no es jurídica, sino tecnológica. Mientras la contratación se siga tratando como un listado de verificación de PDF, cualquier ajuste legal quedará corto.
La propuesta concreta es la construcción de un Secop III, concebido como base de datos relacional y abierta, alineada con el Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas (OCDS). Sobre esa arquitectura se podrían montar tres funcionalidades que hoy no existen en el sistema colombiano. Primera, interoperabilidad con el Registro Único de Beneficiarios Finales para detectar proponentes controlados por la misma persona natural, cruce que la Unidad de Información y Análisis Financiero todavía debe hacer de forma manual. Segunda, integración de herramientas de visualización tipo Power BI para que veedurías, medios y ciudadanía consulten en qué se ejecuta el presupuesto de su región. Tercera, aplicación del principio Once-Only, estándar europeo según el cual la administración no puede exigir al ciudadano un documento que ya obra en sus bases de datos, lo que reduciría los costos de transacción y ampliaría la pluralidad de oferentes.
El uso de inteligencia artificial en la fase precontractual merece una nota de cautela. Pautt sugiere algoritmos para fijar presupuestos oficiales con base en histórico de precios, inflación y bases fiscales, y para cotejar requisitos habilitantes. La propuesta es razonable siempre que se someta a auditoría de los órganos de control y a veeduría ciudadana sobre los datos de entrenamiento. Un algoritmo opaco reproduce los vicios del comité evaluador que pretende reemplazar.
Queda, además, el desafío de la transición. La próxima administración recibirá contratos en ejecución de la UNGRD, del Invías y de la ANI con cronogramas vencidos, adiciones presupuestales y pendientes de liquidación. De La Espriella anunció la lucha anticorrupción como bandera principal. La coherencia de ese compromiso se medirá en su primer año por tres indicadores verificables en Secop II: reducción del porcentaje de contratación directa sobre el total, número de procesos anulados por hallazgos de los órganos de control y publicación activa de los estudios previos en formato de datos abiertos.
La discusión sobre contratación pública en Colombia lleva dos décadas repitiendo el mismo repertorio: más penas, más controles, más entidades. El diagnóstico que propone Pautt sugiere que el cuello de botella no es normativo sino operativo. Una plataforma que no permita cruzar variables complejas en segundos, que dependa del PDF y que no interoperables con la Dian, la Registraduría y las cámaras de comercio está diseñada para fallar. La pregunta para el próximo gobierno no es si debe modernizar el Secop, sino con qué velocidad y a qué costo.