La economía colombiana atraviesa una paradoja estructural que merece atención urgente desde la política pública y el sector privado. Mientras las exportaciones tradicionales y la Inversión Extranjera Directa (IED) enfrentan vientos en contra por la incertidumbre regulatoria y la desaceleración global, los flujos de remesas se consolidan como la variable más dinámica de nuestra balanza de pagos. Sin embargo, este récord de US$13.098 millones recibidos en 2025, según cifras del Banco de la República citadas por Asobancaria, choca contra una muralla burocrática y financiera que impide transformar esos recursos en patrimonio inmobiliario formal.
No estamos hablando de un ingreso marginal. Las remesas representan hoy cerca del 3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y superan los ingresos por exportaciones de café. Más relevante aún para la estabilidad macroeconómica: constituyen un colchón cambiario que ha evitado volatilidades mayores en el peso colombiano. El problema es que seguimos tratando estos flujos como dinero para consumo básico o subsistencia, desperdiciando su potencial como motor de capitalización familiar y reactivación del sector constructor, uno de los mayores generadores de empleo en el país.
El costo de la desconfianza institucional
El diagnóstico de Asobancaria es claro y coincide con lo que venimos observando en la región andina: el interés de compra existe, pero la oferta financiera es inelástica. Estudios de la International Migration Review indican que casi la mitad de los migrantes colombianos desea adquirir vivienda en el país, y un 30,4% ya lo ha logrado. No obstante, la validación de ingresos obtenidos en el exterior sigue siendo un calvario administrativo. Nuestros bancos, anclados en modelos de riesgo diseñados para la economía doméstica, no han logrado desarrollar mecanismos eficientes para evaluar la capacidad de pago de un profesional que factura en dólares, euros o libras esterlinas.
Esta rigidez tiene un costo de oportunidad inmenso. En México, referente ineludible en la materia, la banca desarrolló productos específicos para la diáspora con resultados contundentes: los créditos hipotecarios a migrantes presentan menores índices de morosidad que los otorgados a residentes locales. Esto demuestra que la percepción de riesgo asociada a ingresos extranjeros es, en gran medida, un prejuicio institucional y no una realidad actuarial. En Colombia, la falta de innovación en este frente deja a miles de familias fuera del sistema formal, empujándolas hacia la autoconstrucción sin licencias o la compra informal, con todos los riesgos jurídicos que ello implica.
Migración calificada y demanda No VIS
El perfil del migrante colombiano ha cambiado y la oferta inmobiliaria debe adaptarse. Ya no se trata exclusivamente de mano de obra no calificada. Cerca de cuatro de cada diez colombianos ocupados en Estados Unidos desempeñan labores profesionales y administrativas, y la contratación transfronteriza creció 49% en 2025. Este segmento, con ingresos en moneda fuerte y alta propensión al ahorro, es el comprador natural de la vivienda No VIS (Vivienda de Interés Social) en ciudades intermedias y destinos turísticos.
Las cifras de Camacol confirman esta tendencia: en abril de 2025, los compradores internacionales representaron el 8,8% del total de ventas, llegando al 15,6% en el segmento No VIS. Departamentos como Quindío, Risaralda, Antioquia y Bolívar están captando esta demanda. Sin embargo, sin una política crediticia que acompañe este fenómeno, el techo de crecimiento será bajo. En un contexto donde los subsidios estatales se contraen y las tasas de interés permanecen elevadas, la diáspora podría ser el contrapeso que necesita el sector edificador para evitar una recesión profunda.
Tarea pendiente para la banca y el regulador
Para La Bitácora, la solución no pasa por más subsidios fiscales ni por intervenciones estatales distorsionantes, sino por habilitar mercados. Se requiere que la Superintendencia Financiera y el Banco de la República faciliten marcos de validación de ingresos extranjeros seguros y estandarizados, reduciendo la asimetría de información que hoy paraliza el crédito. Asimismo, la banca debe entender que la diáspora no es un nicho de riesgo, sino un segmento premium subatendido.
Mientras el gobierno actual debate reformas que generan incertidumbre sobre la propiedad y la inversión, los colombianos en el exterior siguen apostando por el país con sus propios recursos. Es responsabilidad del Estado de derecho y del sistema financiero garantizar que esa confianza se traduzca en activos formales y no se diluya en fricciones innecesarias. La reactivación de la vivienda no vendrá solo de la obra pública; vendrá de liberar el potencial de quienes, estando fuera, siguen construyendo nación.