El presidente Gustavo Petro volvió a fijar la agenda política del día desde su cuenta de X, y esta vez el eje fue la ciudadanía estadounidense del abogado Abelardo de la Espriella, ganador de la primera vuelta presidencial. Según Infobae Colombia, el jefe de Estado escribió que nunca ha jurado subordinar los intereses de Colombia a los de otra nación y aseguró que rechazaría cualquier afiliación que implicara ese orden de prioridades.
El pronunciamiento presidencial llega dos días después de que un grupo de exmagistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Jurisdicción Especial para la Paz, junto con otros juristas, suscribieran un comunicado en el que sostienen que la conservación de la ciudadanía estadounidense por naturalización podría configurar una incompatibilidad constitucional para aspirar a la Presidencia. El texto argumenta que el juramento de naturalización comprometería al aspirante con los intereses de otra nación.
La tesis, sin embargo, no es pacífica. El constitucionalista Germán Calderón España, también citado por Infobae, escribió en X que no existe vicio legal alguno y recordó los tres requisitos del artículo 191 de la Constitución: ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de treinta años. La discrepancia es relevante: lo que para un sector configura una inhabilidad sustantiva, para otro es el cumplimiento cabal de los requisitos taxativos que la Carta establece. La palabra final, en cualquier caso, corresponde a la Corte Constitucional.
Mientras la academia jurídica debate, el jefe de Estado eligió el camino de la descalificación personal. Según Infobae, Petro calificó las acciones de De la Espriella como persecución y odio a un pensamiento político y lo tildó de apátrida, después de que el candidato, líder del movimiento Defensores por la Patria, anunciara una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto de conmoción interior y adelantara gestiones ante el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, incluyendo solicitudes de revocatoria de visas y la eventual aplicación de las leyes RICO y Bolívar a integrantes del entorno presidencial, según la misma fuente.
Hay dos problemas en la respuesta presidencial. El primero es de método. Un jefe de Estado que responde a un anuncio de acciones judiciales con epítetos sobre la nacionalidad de su adversario, en lugar de enfrentar las acusaciones con un equipo de abogados y los recursos que correspondan, erosiona la dignidad del cargo y subordina el debate institucional al tuit. El segundo es de oportunidad. Colombia atraviesa una de sus coyunturas electorales más tensas desde 2002, y la Presidencia de la República debiera ser la garante de que las controversias se resuelvan en los estrados, no en las redes.
La demanda de inconstitucionalidad contra el decreto de conmoción interior es, además, una cuestión que la Corte Constitucional deberá examinar con independencia de quien la presente. Tratarla como un acto de hostilidad política en lugar de un ejercicio legítimo de control constitucional sienta un precedente riesgoso para la separación de poderes que la Constitución de 1991 consagra.
Finalmente, el uso de categorías como apátrida remite a un registro que no contribuye a clarificar el diferendo jurídico. Un gobierno que aspire a ser evaluado por sus resultados debería concentrar su respuesta en los tribunales competentes. La política exterior y la defensa de la soberanía se defienden con instituciones, no con descalificaciones. La pregunta que queda planteada es si la Casa de Nariño prefiere litigar en X o litigar en los estrados.