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El Gobierno colombiano, mediante el Decreto 652 de 2026, coordina esfuerzos para implementar el Acuerdo de Paz y la justicia restaurativa.
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El presidente Petro reafirmó la responsabilidad internacional de Colombia ante la familia Morris y anunció una denuncia ante la JEP y la CPI
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El gobierno expidió un decreto que garantiza condiciones dignas para comparecientes de la JEP.
CONTRASTE
El decreto busca condiciones dignas para comparecientes de la JEP, pero como advirtió Catalina Restrepo, la Corte Constitucional debe filtrar estos debates para evitar que la justicia transicional se desvíe hacia un trato privilegiado que erosione la separación de poderes.
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El gobierno instaló un mecanismo internacional de monitoreo de sanciones de la JEP y el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz.
CONTRASTE
El gobierno celebra la instalación de un monitoreo internacional sobre la JEP, pero como advirtió Catalina Restrepo Mejía, la Corte Constitucional ya ejerce un control riguroso sobre el modelo de justicia transicional. Sumar un mecanismo externo sin claridad sobre su independencia puede desdibujar los filtros institucionales existentes y abrir espacio a presiones políticas.
CLAIM
El presidente Petro afirma que un candidato presidencial propone purgas políticas, reintegro de militares corruptos y eliminación de la JEP,
CONTRASTE
El presidente Petro denuncia una supuesta purga política en las Fuerzas Militares, pero omite que su gobierno ha promovido cambios en la cúpula castrense que debilitan la institucionalidad. Como advirtió Catalina Restrepo en su columna sobre la subasta energética, las tensiones internas reflejan un uso instrumental del Estado que erosiona la separación de poderes.